Solana es oriunda de Gral. Mosconi. Desde allí se mudó a Salta capital, con el sueño de progresar. Estudiaba en la UNSa. Allí conoció a un hombre, se enamoró y quedó embarazada. Se mudaron juntos. Según ella, ahí comenzó a vivir una película de terror.
Violencia psicológica, malos tratos, un embarazo que se hacía cada día más y más difícil. La niña nació, pero según la mamá, el padre no colaboraba con la cuota alimentaria correspondiente. Ella asegura jamás haberlo molestado por este tema. La convivencia se quebró, y Solana, sin trabajo y con casi ninguna ayuda económica por parte del padre de su hija tuvo que regresar a su Mosconi natal. Pareciera ser que es en ese momento en donde al padre de su hija le regresó el amor. Él quería que ellas vivieran en Salta, no tenía tiempo de visitarla en el norte.
“No pensé que iba a llegar hasta este punto”, comenta la mujer. Su ex pareja tiene poder económico y algo de poder político, según aclara la propia Solana. También considera que considera que los pobres no tienen justicia. Eso es para los ricos.
Según el relato de la mujer, su ex pareja la dejó en la calle y le dijo que ella se hiciera cargo de la niña. Solo le pasaba una cuota alimentaria que variaba según el humor del momento. Solana recalca que recién este año llegaron a un acuerdo legal al respecto, qué se firmó en el centro de mediación junto con su abogado Eduardo Romaní.
“No quise ni quiero comentar las cosas que viví dentro del departamento para no revictimizarme, pero me pasaron cosas. Por ejemplo, cuando me hizo seguir para saber con quién estaba, que estaba haciendo con su niña”, comentó. La primera persona a la cual le informa lo que estaba viviendo aquí en Salta es a su hermana, quien le pide que hable con sus padres, a quien no había querido acudir ya que tenía la esperanza que esto cambie.
Ya de regreso en Mosconi, tomó la decisión debido a las terribles amenazas recibidas (él le había dicho en algunas oportunidades que la iba a hacer desaparecer), realizó la denuncia en la policía, informando todo. Además, hizo lo mismo en el Polo de la Mujer. No le quedó otra opción, asegura. Además del miedo y las amenazas, la estaban corriendo del lugar donde alquilaba y tenía el mes de marzo como fecha de desalojo. No podía alquilar, no le alcanzaba el dinero, ni tenía un recibo de sueldo que le permitiera alquilar algo nuevo. Dependía económicamente del padre de la niña, pero este ni siquiera le quería oficiar de garante para que su hija tuviese un techo.
La justicia de Salta, siempre del lado de los hombres
Ella pide justicia. Una jueza le ordena la restitución de su hija a Salta capital. Que ella regrese a vivir acá. Esto se hizo a través del juzgado de Familia de Primera Instancia, Tercera Nominación. Según Solana, la jueza Claudia Noemí Güemes es la responsable de la decisión.
Solana responsabiliza a la jueza Güemes y a la asesora de menores e incapaces Marta Bustos, por no actuar bien. Solana declara que la obligan a venir a Salta aún sin saber si ella tiene los medios para el traslado, o dinero para alquilar, vivir y cuidar de su hija, la niña tiene dos años y aun es lactante.
Además, la mujer agrega que maliciosamente le trabaron los alimentos, algo que finalmente terminó en agosto de este año. Supuestamente esto sería hasta que se homologara el acuerdo. Mientras tanto, él le pasaba un dinero contra factura, por lo cual ella no sabía si lo que le estaba entregando era lo que realmente correspondía: “algo que jamás le reclamé porque mientras él entregara algo para mi hija estaba bien”.
En un principio se le dieron dos opciones: o que regrese a vivir con su hija a Salta, o que la niña esté una semana viviendo con el padre y una semana con ella. Pero Solana no tiene los medios para radicarse en Salta y la niña es lactante.
“Mi ex pareja es profesional, profesor en dos universidades, su nombre es E. S (según las siglas de su nombre y apellido). Él sí tiene los medios como para poder trasladarse hasta Gral. Mosconi para ver a su hija”, asegura Solana y repite que nunca se lo prohibió ni le puso trabas para obstruir el vínculo.
De mal en peor
Durante una visita, el hombre tuvo un comportamiento que asustó a la madre. Esto la llevó a realizar la denuncia en Tartagal, en la OVIF (Oficina de Violencia Familiar y de Género). Allí la jueza Menéndez dicta medidas cautelares: la suspensión de las visitas del padre a su hija y la prohibición de acercamiento hacia la señorita Miranda. Estas medidas, que aún se encuentran vigentes, fueron pasadas por alto por la jueza Güemes, denuncia la mujer.
Actualmente la niña está siendo observada por una psicóloga, ya que algunas acciones y síntomas que comenzó a manifestar llamaron la atención de la madre. A veces es difícil entender que una jueza ordene que una lactante de dos años deba vivir en dos ciudades diferentes y con dos crianzas distintas. Cosas que solo suceden aquí, en Salta.
