Tres efectivos de la Policía de Salta quedaron bajo investigación judicial luego de ser acusados de participar de un presunto esquema de cobro ilegal a conductores durante un control vehicular instalado sobre la ruta provincial 5, en jurisdicción de Las Lajitas.
La causa se inició a partir de distintas alertas recibidas por personal policial, relacionadas con la existencia de un supuesto operativo en inmediaciones del paraje Las Víboras. Según los primeros elementos reunidos, tres personas vestidas con uniformes policiales detenían vehículos y exigían dinero a los conductores a cambio de no controlar o secuestrar la mercadería que transportaban.
La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones y avanzó hasta establecer que quienes realizaban el procedimiento eran efectivamente integrantes de la fuerza policial y que se encontraban en funciones. Sin embargo, el control vehicular no habría sido autorizado ni dispuesto por la superioridad policial.
A partir de estos elementos, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, quien se encuentra interinamente a cargo de la Delegación Las Lajitas, imputó de manera provisional a tres efectivos como coautores de los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas, en perjuicio de la Administración Pública.
Los acusados son un hombre de 31 años y dos mujeres de 26 y 36 años. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que los tres permanezcan detenidos mientras continúa la investigación destinada a determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades individuales.
Uno de los puntos que generó especial atención durante el procedimiento fue el hallazgo de una importante suma de dinero. En el marco de un rastrillaje realizado en la zona donde se desarrollaba el supuesto control, los investigadores encontraron una bolsa escondida en el interior de un neumático, que contenía una suma cercana al millón de pesos.
Además de ese dinero, durante el procedimiento se encontraron otros montos en efectivo dentro del móvil policial y entre las pertenencias de los efectivos investigados. Todos estos elementos fueron incorporados a la causa y serán analizados para establecer si tienen relación con las presuntas exacciones denunciadas.
La investigación también incorporó declaraciones de conductores que aseguraron haber sido detenidos en el lugar. De acuerdo con los testimonios reunidos, algunos de ellos habrían entregado dinero a los uniformados para evitar que la mercadería que trasladaban fuera controlada o eventualmente secuestrada.
Estos testimonios serán considerados junto con el resto de las pruebas obtenidas durante los procedimientos. Para los investigadores, uno de los objetivos principales será determinar durante cuánto tiempo habría funcionado el supuesto control irregular, cuántos vehículos fueron detenidos y qué cantidad de dinero habría sido recaudada.
La causa apunta además a establecer cuál habría sido el rol de cada uno de los tres policías involucrados y si existió una organización previa para llevar adelante los procedimientos denunciados. Por el momento, la imputación es provisoria y la investigación permanece abierta.
Durante las tareas realizadas en el lugar también fueron secuestrados tres teléfonos celulares, un libro de guardia correspondiente a la Sección Policía Rural y Ambiental, prendas de vestir utilizadas por los acusados y otros elementos que podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido.
Asimismo, se dispuso la retención de las armas reglamentarias y de las credenciales policiales de los tres efectivos investigados. La medida busca preservar elementos vinculados con la función que desempeñaban y evitar que puedan interferir con las medidas dispuestas en el marco de la causa.
El caso genera especial repercusión en Las Lajitas debido a que los hechos investigados habrían ocurrido durante un operativo que, por las primeras conclusiones de la pesquisa, no contaba con autorización de la superioridad. La utilización de uniformes, un móvil policial y otros elementos propios de la función habría permitido que los conductores identificaran a los involucrados como integrantes de la fuerza.
La investigación deberá determinar ahora si los acusados actuaron de manera coordinada y si existieron otros efectivos o personas involucradas en el presunto esquema. También se buscará establecer el destino del dinero que habría sido obtenido mediante las maniobras denunciadas.
Desde la Fiscalía se ordenaron distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre ellas se encuentran el análisis de los elementos secuestrados, el relevamiento de testimonios y otras diligencias destinadas a reconstruir los controles realizados sobre la ruta provincial 5.
La causa quedó caratulada, de manera provisoria, bajo los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas. Se trata de una investigación que involucra directamente a integrantes de la Policía de Salta y que tiene como presuntas víctimas a conductores que circulaban por una de las principales rutas del este provincial.
Mientras continúan las actuaciones, los tres efectivos permanecen sujetos a las decisiones que adopte el Juzgado de Garantías respecto del pedido de detención formulado por la Fiscalía.
La Justicia deberá avanzar ahora sobre las pruebas reunidas para determinar si las acusaciones pueden ser sostenidas durante las próximas etapas del proceso y precisar la mecánica con la que se habría desarrollado el supuesto control irregular en la zona de Las Víboras.
Por tratarse de una investigación en curso, la situación procesal de los tres policías podría modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas y testimonios. La imputación realizada hasta el momento tiene carácter provisional y no implica una condena, por lo que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.
