Una agente de la Policía y un hombre fueron imputados por estafa y extorsión a partir de una denuncia presentada por una integrante de la fuerza, quien aseguró haber pagado $700.000 para conseguir un cambio de destino que finalmente nunca se concretó.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, que atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos. En el caso de la mujer policía, además, se investiga un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según consta en la denuncia, la damnificada presta servicio en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. Una compañera le habría proporcionado el contacto de una persona identificada como “Sonia”, a quien presentó como alguien con supuestos vínculos dentro de la Dirección General de Recursos Humanos.
La mujer habría solicitado $700.000 para gestionar el traslado. Ante ese pedido, la denunciante realizó dos transferencias bancarias, una de $200.000 y otra de $500.000, hacia una cuenta vinculada a uno de los acusados.
Sin embargo, el cambio de destino nunca se concretó. Cuando la denunciante decidió desistir del supuesto trámite, comenzaron nuevos reclamos de dinero, según la acusación fiscal.
De acuerdo con la investigación, le habrían exigido $250.000 para cancelar la gestión. Frente a ese pedido, realizó otras dos transferencias de $100.000 cada una. Los reclamos, siempre según la denuncia, continuaron luego de esos pagos.
La denunciante también habría recibido advertencias relacionadas con una supuesta deuda que aumentaría si no abonaba el dinero reclamado. Entre las exigencias figuraba el pago de una suma equivalente al 35% de su sueldo, estimada en unos $350.000.
Para la Fiscalía, el primer pago estaría relacionado con la presunta maniobra de estafa, ya que el dinero habría sido entregado bajo la promesa de conseguir un traslado que nunca se produjo. Los reclamos posteriores y las amenazas vinculadas con una supuesta deuda son considerados elementos para sostener la acusación por extorsión.
La pesquisa avanzó a partir del análisis de comunicaciones, registros digitales y movimientos bancarios. Los investigadores también buscaron establecer quién utilizaba el número desde el cual se realizaban los contactos y cómo se distribuía el dinero recibido.
Una de las hipótesis de la Fiscalía sostiene que la agente habría utilizado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que tenía capacidad de gestionar cambios de destino dentro de la fuerza.
Otro de los elementos incorporados al expediente es el circuito de las transferencias. Según la investigación, la cuenta que recibió inicialmente el dinero pertenecía al otro imputado y posteriormente parte de esos fondos habría sido enviada a una cuenta de la agente policial.
En el marco de la causa, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con los acusados. Los procedimientos fueron autorizados judicialmente y, según se informó, tuvieron resultados positivos para la investigación.
Ahora, la Fiscalía continúa con el análisis de los dispositivos, las comunicaciones y la documentación bancaria incorporada al expediente para determinar cómo se desarrolló la maniobra y cuál habría sido la participación de cada uno de los imputados.
