El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, presentó un requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías N°7 del distrito Centro para Jesús Gregorio Burgos, señalado como responsable del trágico siniestro vial ocurrido en junio de 2024 sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje El Prado.
El hombre está acusado de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas (dos hechos) en concurso real, por haber actuado con negligencia y falta de cuidado al permitir que sus caballos circularan libremente en las inmediaciones de una vía de tránsito nacional.
Según consta en el requerimiento fiscal, el hecho se produjo en el kilómetro 1143 de la ruta, cuando un automóvil en el que viajaban un hombre y dos mujeres impactó contra dos caballos que pertenecían al acusado. El violento choque provocó la muerte de una de las ocupantes del vehículo y dejó a las otras dos personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital San Bernardo en código rojo.
El fiscal González detalló en su presentación que las pruebas recolectadas durante la investigación —entre ellas informes médicos, peritajes viales, declaraciones testimoniales y actas de procedimiento— permiten establecer un grado de convicción suficiente para sostener que la conducta del acusado fue determinante en el desenlace fatal.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Burgos, registrado como productor ganadero, incumplió los deberes de control y resguardo sobre sus animales, generando una situación de riesgo real y concreto para quienes transitaban por la ruta.
El escrito resalta que los caballos se encontraban sueltos, sin supervisión y sin las medidas de seguridad adecuadas, en un sector de alta circulación vehicular, lo que constituye una infracción directa a las normas que regulan el cuidado y tránsito de animales en zonas rurales y periurbanas.
La investigación penal preparatoria permitió determinar, además, que los animales pertenecían al imputado y que éste no contaba con cercos o medidas de contención en su propiedad que impidieran el ingreso de los equinos a la calzada.
La colisión, ocurrida durante horas de la noche, tuvo consecuencias devastadoras: el vehículo sufrió importantes daños estructurales y las víctimas fueron rescatadas por personal policial y sanitario que acudió al lugar tras un llamado de emergencia.
Una de las mujeres falleció en el acto, mientras que las otras dos personas fueron asistidas con politraumatismos graves y fracturas múltiples. La causa fue caratulada desde el inicio como homicidio culposo y lesiones graves culposas, y avanzó con la imputación formal de Burgos semanas después del hecho.
El fiscal González señaló que el acusado incurrió en un accionar imprudente y omisivo, al no garantizar el control de los animales, lo que derivó en la tragedia. “La conducta del imputado representa una clara inobservancia de los reglamentos y normas específicas aplicables a su actividad como productor ganadero”, expresó en su requerimiento.
Con el pedido de elevación a juicio, la causa quedará ahora en manos del Juzgado de Garantías N°7, que deberá resolver si existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en una instancia oral y pública.
El siniestro reaviva la preocupación por la presencia de animales sueltos en rutas salteñas, una problemática que persiste en distintos puntos del norte provincial y que, en los últimos años, ha derivado en múltiples accidentes con víctimas fatales.
Autoridades viales y policiales vienen insistiendo en la necesidad de reforzar los controles y aplicar sanciones más severas para los propietarios que descuidan el manejo de sus animales, especialmente en zonas donde la visibilidad es reducida y el tránsito es constante.
Mientras tanto, familiares de la víctima fatal aguardan que el proceso judicial avance y que el responsable enfrente las consecuencias legales de su accionar negligente.
De confirmarse el juicio, el caso podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad civil y penal por animales sueltos en rutas nacionales, un problema recurrente que pone en riesgo la vida de conductores y peatones en toda la provincia.
