El pedido de prisión preventiva para un hombre de 30 años volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan los trabajadores municipales durante los operativos de control en la ciudad de Salta, especialmente en fechas sensibles como las fiestas de fin de año. El episodio ocurrió en pleno centro salteño, cuando inspectores intentaban secuestrar pirotecnia vendida de manera ilegal y se encontraron con una reacción violenta que incluyó amenazas, forcejeos y lesiones.
La solicitud fue presentada por el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, quien imputó de forma provisional al acusado por los delitos de lesiones leves, amenazas con arma y amenazas reiteradas, todo en concurso real. La medida fue elevada al Juzgado de Garantías en turno, teniendo en cuenta no solo la gravedad de lo ocurrido, sino también los antecedentes condenatorios que registra el imputado.
El hecho principal se produjo durante la mañana del 24 de diciembre, en el marco de un operativo de control de venta de pirotecnia en la zona céntrica de la capital salteña. Dos inspectores municipales, una mujer y un hombre, realizaban tareas de despeje y fiscalización para evitar la comercialización ilegal de estos productos, cuya venta está regulada por ordenanzas vigentes en la ciudad de Salta y en otros puntos de la provincia.
Al llegar a la intersección de las calles Pellegrini y Mendoza, el personal municipal detectó a un individuo que ofrecía pirotecnia tanto de forma visible, en sus manos, como oculta dentro de una mochila. Al intentar identificarlo y proceder al secuestro de la mercadería, la situación escaló rápidamente. Según la denuncia, el hombre se mostró alterado desde el primer momento, se negó a colaborar y comenzó a proferir amenazas contra ambos inspectores.
El operativo se desarrollaba con presencia policial, como ocurre habitualmente en este tipo de controles, debido a los antecedentes de conflictos con vendedores ilegales. Sin embargo, ni siquiera la intervención preventiva de la fuerza logró evitar el episodio de violencia. En medio del forcejeo, el acusado habría extraído un cuchillo de entre sus prendas con la intención de intimidar y, según consta en la causa, intentar herir a uno de los trabajadores municipales.
La situación derivó en una agresión física directa. El inspector resultó con lesiones luego de recibir golpes de puño en la zona del abdomen y en la cabeza. Tras un momento de tensión, el hombre fue desarmado, pero logró darse a la fuga del lugar mientras continuaba lanzando amenazas verbales contra el personal municipal y policial.
Lejos de terminar allí, el conflicto tuvo un nuevo capítulo minutos más tarde. De acuerdo a la denuncia realizada por el director de la Subsecretaría de Espacios Públicos, el mismo individuo se presentó en las oficinas del organismo municipal. A los gritos, exigió la devolución inmediata de la pirotecnia secuestrada y volvió a amenazar al personal que se encontraba trabajando en el lugar.
La situación obligó a desalojarlo del edificio para resguardar la integridad de los empleados. Posteriormente, y tras un nuevo aviso a la Policía, el hombre fue finalmente demorado. Este accionar reforzó, para la Fiscalía, la idea de una conducta persistente y violenta, incluso después de haber sido retirado del lugar del primer incidente.
A todo esto se sumó un antecedente inmediato que fue incorporado a la investigación. El inspector que resultó lesionado declaró que el día anterior ya había tenido un cruce con el mismo sujeto durante otro operativo de despeje en la vía pública. En esa ocasión, el hombre se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y habría dirigido insultos y amenazas, lo que permite reconstruir una secuencia de hostigamiento previo hacia el personal municipal.
Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos, aunque desde la Fiscalía consideraron que los elementos reunidos hasta el momento son suficientes para sostener la acusación provisoria. El pedido de prisión preventiva se fundamentó en la reiteración de las amenazas, el uso de un arma blanca, las lesiones ocasionadas y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, además de los antecedentes penales que pesan sobre el imputado.
El caso reavivó el debate en Salta sobre la venta ilegal de pirotecnia y los peligros asociados, no solo para quienes la utilizan, sino también para quienes deben hacer cumplir la normativa. Cada año, especialmente en diciembre, los controles se intensifican para prevenir accidentes, proteger a personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores y animales, y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.
Desde el ámbito municipal remarcan que los operativos de control no buscan confrontar, sino garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes y cuidar a la comunidad. Sin embargo, episodios como este exponen la vulnerabilidad de los inspectores, que muchas veces deben enfrentar reacciones violentas en contextos de alta tensión social y económica.
La causa ahora quedará en manos del Juzgado de Garantías, que deberá resolver si hace lugar al pedido de prisión preventiva mientras avanza la investigación. En paralelo, el inspector lesionado continúa con su recuperación, y desde el municipio se reiteró el acompañamiento al personal que resultó damnificado durante el cumplimiento de sus funciones.
El episodio ocurrido en pleno centro de la ciudad de Salta se suma a una serie de hechos que ponen en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección en los operativos urbanos, en una provincia donde el control del espacio público sigue siendo un desafío cotidiano.
