La Justicia de Salta confirmó la continuidad de la prisión preventiva para uno de los jóvenes acusados por el homicidio de un hombre de 53 años en barrio Castañares, un hecho que sacudió a la zona norte a comienzos de este año. La resolución fue tomada luego de evaluar la solicitud de la defensa, que pedía el beneficio de arresto domiciliario, argumentando razones de arraigo y condiciones personales del imputado. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Juzgado de Garantías consideraron que no estaban dadas las condiciones para otorgar el cambio de régimen.
La audiencia, convocada en el marco del sistema flexible y multipropósito que hoy se aplica en la provincia para agilizar procesos penales, estuvo encabezada por el juez de Garantías del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino. Durante la exposición, la fiscalía, a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, sostuvo que la gravedad del hecho, la modalidad del ataque y el contexto vinculado a actividades ilícitas justificaban plenamente mantener la medida más gravosa.
El magistrado coincidió con esa postura al señalar que existe riesgo procesal, especialmente porque la investigación continúa abierta y aún se desarrollan diligencias que requieren asegurar la presencia de los imputados. Por eso decidió rechazar el pedido de la defensa y ratificar la prisión preventiva del joven de 20 años, quien está acusado como coautor del delito de homicidio criminis causae, una figura penal que contempla ataques cometidos con la intención de garantizar la impunidad de otro delito o facilitarlo.
El caso se originó el 12 de enero, cuando vecinos de Castañares alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública, en una zona muy transitada del barrio. Al llegar los primeros equipos de emergencia, constataron que la víctima tenía una grave lesión ocasionada por un arma blanca. Los médicos confirmaron poco después que ya no había signos vitales. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad, no sólo por la violencia del episodio sino también por la hora en que ocurrió y por el movimiento habitual que tiene esa parte de la ciudad.
Con el avance de las pericias y testimonios, los investigadores lograron reconstruir que el crimen se dio en un contexto asociado a la presunta comercialización de estupefacientes. Si bien esta línea aún se encuentra bajo análisis, desde el inicio de la causa se manejó la posibilidad de que la agresión estuviera vinculada a disputas o maniobras relacionadas con actividades ilícitas que suelen tener presencia en algunos sectores del norte capitalino. Esta hipótesis reforzó la necesidad de actuar con cautela en cuanto a las medidas restrictivas sobre los involucrados.
Con el correr de los días, y a partir del trabajo coordinado entre la fiscalía, la policía y testigos, se procedió a la detención de dos sospechosos: un joven de 20 años y otro de 30. Ambos quedaron imputados como coautores del mismo delito y fueron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario provincial. Desde entonces, las defensas han presentado distintos planteos buscando modificar las condiciones de detención, pero la Justicia ha sostenido que, por la gravedad del hecho y la complejidad de la causa, la prisión preventiva continúa siendo la medida más adecuada.
La decisión judicial de esta semana no sólo ratifica ese criterio, sino que también marca una postura clara respecto a la necesidad de garantizar el desarrollo de la investigación sin interferencias. En este tipo de causas, la fiscalía suele remarcar que las pruebas pueden verse afectadas si los imputados recuperan la libertad o acceden a medidas alternativas que impliquen menor control. En este caso puntual, se entiende que aún existen diligencias sensibles, entre ellas el análisis de comunicaciones, nuevos testimonios y entrecruzamiento de datos que podrían resultar determinantes para esclarecer totalmente el móvil del crimen.
En los alrededores de Castañares, el impacto del caso todavía se siente. Para muchos vecinos, se trata de un episodio que refleja una problemática que viene creciendo y que se vincula con la presencia de actividades ilegales que operan en sectores vulnerables de la ciudad. Si bien no todas las causas violentas están ligadas a este tipo de situaciones, lo cierto es que la investigación penal dejó abierta la posibilidad de que el homicidio estuviera relacionado con disputas por territorio o maniobras vinculadas al narcomenudeo, algo que preocupa especialmente a las familias que transitan diariamente por la zona.
