Un grave caso de violencia de género ocurrido en Rosario de Lerma derivó en la detención con prisión preventiva de un hombre de 32 años, acusado de agredir físicamente a su expareja y destruir su teléfono celular en un episodio que se inició en un establecimiento educativo y continuó en el domicilio del imputado.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 8 tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal penal Daniel Escalante, quien interviene en la causa. La decisión se tomó en el marco de una audiencia de control de legalidad, donde se evaluaron los elementos reunidos durante la investigación y los riesgos procesales vinculados al caso.
De acuerdo a la denuncia, el hecho se desencadenó cuando la mujer se encontraba en una institución educativa de Rosario de Lerma junto a sus hijas, en un contexto cotidiano que rápidamente escaló en violencia. En ese lugar también se presentó el acusado, quien en un momento le sustrajo el teléfono celular y se retiró, generando una situación de tensión.
Lejos de finalizar allí, el episodio continuó cuando el hombre le exigió a la víctima que se dirigiera a su vivienda para recuperar el aparato. Bajo esa presión, la mujer accedió y se trasladó hasta el domicilio del acusado, donde la situación se agravó.
Según consta en la investigación, una vez en la vivienda, el hombre la hizo ingresar a una habitación con el argumento de devolverle el celular y dialogar. Sin embargo, en ese espacio comenzó a recriminarle cuestiones personales, elevando el tono de la discusión hasta volverse violento.
En medio de la agresión, el acusado arrojó el teléfono de la mujer contra el suelo en reiteradas oportunidades, provocando su destrucción total. La situación no se detuvo allí: posteriormente, la atacó físicamente con golpes de puño dirigidos principalmente a la cabeza y al rostro.
La mujer logró escapar del lugar junto a sus hijas y pedir ayuda, en un momento que fue clave para resguardar su integridad física y la de las menores. Posteriormente, radicó la denuncia que dio inicio a la intervención judicial.
El examen médico realizado tras el hecho confirmó lesiones compatibles con lo denunciado, constatándose inflamación en el pómulo y en la región temporal izquierda, lo que reforzó la hipótesis acusatoria y la gravedad de la situación.
A partir de estos elementos, se desplegó un operativo policial para dar con el acusado, quien finalmente fue demorado luego de presentarse por sus propios medios en una dependencia policial. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron en su domicilio restos del teléfono celular destruido, los cuales coincidían con el dispositivo de la víctima, constituyendo una prueba material clave.
Con el avance de la causa, el fiscal Escalante imputó al hombre como presunto autor de los delitos de lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en concurso real con daños. Se trata de una calificación que contempla penas más severas debido al vínculo entre las partes y al contexto en el que se produjo la agresión.
En este sentido, desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación o de ejercer algún tipo de presión sobre la víctima. Además, se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y el contexto de violencia en el que se produjeron.
El Juzgado de Garantías hizo lugar al planteo fiscal y ordenó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación penal. La medida busca garantizar el normal desarrollo del proceso y brindar protección a la víctima, en un caso que evidencia una escalada de violencia que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.
Este episodio vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género en Salta, particularmente en localidades del Valle de Lerma, donde se vienen registrando situaciones que requieren intervención urgente por parte de la Justicia y de los organismos de asistencia.
Desde distintos ámbitos se insiste en la importancia de denunciar este tipo de hechos y de activar los mecanismos de protección disponibles para las víctimas. La rápida intervención en este caso permitió no solo asistir a la mujer, sino también avanzar con medidas judiciales que buscan evitar nuevas agresiones.
Asimismo, se destaca la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia de género, así como el acompañamiento integral a las víctimas, especialmente cuando hay menores involucrados.
Mientras la causa continúa su curso, el acusado permanecerá privado de su libertad a la espera de nuevas instancias judiciales que permitan determinar su responsabilidad penal en los hechos denunciados. En paralelo, se espera que se profundicen las medidas de resguardo para la víctima y su entorno, en un contexto que exige respuestas firmes frente a situaciones de violencia.
