Un hombre de 60 años y una mujer de 37 fueron imputados en Rosario de Lerma luego de que ambos incumplieran medidas restrictivas recíprocas que les impedían acercarse y permanecer juntos. Durante el episodio investigado, la mujer habría resultado lesionada luego de que el hombre le arrojara agua caliente en el rostro durante una discusión.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente al hombre como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, amenazas y desobediencia judicial, todos en concurso real.
Por su parte, la mujer fue imputada provisionalmente como presunta autora del delito de desobediencia judicial, debido a que también habría incumplido las restricciones que estaban vigentes entre ambos.
El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto en un domicilio de Rosario de Lerma, donde los dos se encontraban juntos pese a que existía una orden judicial que les prohibía acercarse.
De acuerdo con la investigación, una discusión se habría iniciado mientras ambos permanecían en la vivienda. En ese contexto, el hombre habría tomado una pava eléctrica que contenía agua caliente y habría arrojado el líquido hacia el rostro de la mujer.
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una lesión en uno de sus pómulos. Tras el episodio, el hombre habría abandonado el domicilio y, antes de retirarse, también la habría amenazado.
El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, que comenzó a reunir elementos para reconstruir la secuencia y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.
Uno de los aspectos centrales del expediente es que ambos tenían medidas restrictivas recíprocas vigentes. Las disposiciones habían sido dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 2 e incluían la prohibición de acercamiento entre ambos.
Además, la medida judicial contemplaba la exclusión del hombre del domicilio. Según surge de las actuaciones, tanto el hombre como la mujer habían sido debidamente notificados de las restricciones.
Por ese motivo, la presencia de ambos en la vivienda implicó, en principio, un incumplimiento de las disposiciones judiciales. La situación derivó en imputaciones para ambas partes, aunque por diferentes conductas.
Mientras el hombre quedó acusado por las lesiones, las amenazas y la desobediencia judicial, la mujer fue imputada por haber incumplido la prohibición de acercamiento que se encontraba vigente.
Para avanzar en el esclarecimiento del episodio, la Fiscalía incorporó distintos elementos al expediente. Entre ellos se encuentran la denuncia realizada por la mujer y su declaración testimonial, además de un certificado médico que permitió constatar la lesión sufrida en el rostro.
También se realizó una inspección ocular en el domicilio donde ocurrió el episodio y se confeccionó un croquis del lugar. Estas medidas buscan aportar información sobre la distribución del inmueble y las circunstancias en las que se habría producido la agresión.
A la investigación se sumaron además un informe ambiental y un informe victimológico, herramientas destinadas a conocer con mayor profundidad el contexto en el que se desarrolló el conflicto y evaluar la situación de la mujer involucrada.
A partir de los datos obtenidos durante el abordaje, la Fiscalía consideró necesario avanzar más allá de la investigación penal puntual y disponer la intervención de organismos especializados de la provincia.
En ese marco, el fiscal Escalante ordenó oficiar a la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad y al Polo Integral de las Mujeres, para que intervengan y adopten las medidas que consideren necesarias frente a la situación detectada.
La decisión apunta a brindar herramientas de asistencia y acompañamiento tanto a la mujer como a su grupo familiar, especialmente ante la posibilidad de que puedan producirse nuevos episodios de violencia.
Desde la Fiscalía explicaron que este tipo de abordaje busca atender el conflicto desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta no solamente el hecho que dio origen a la causa penal, sino también las circunstancias que podrían representar un riesgo de reiteración de situaciones violentas.
Además, se dispuso remitir copias de las actuaciones al Juzgado de Violencia Familiar que se encuentre de turno, para que ese organismo evalúe la situación y determine si resulta necesario adoptar nuevas medidas de protección o implementar un abordaje integral del conflicto.
La intervención de distintas áreas resulta especialmente relevante en este caso debido a que ya existían medidas judiciales destinadas a evitar el contacto entre ambas personas. Pese a esas restricciones, los dos se encontraban juntos en el domicilio cuando se produjo la discusión que terminó con la mujer lesionada.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas en las que se produjo el encuentro y establecer cómo se produjo la agresión denunciada. También se analizará el alcance de las amenazas que habría realizado el hombre al retirarse del lugar.
La imputación es de carácter provisional y el proceso continuará con la incorporación de nuevas pruebas. Los informes médicos, testimoniales y de los organismos especializados podrán aportar información para determinar la evolución de la causa y las medidas que correspondan.
El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de respetar las medidas de restricción y prohibiciones de acercamiento dictadas por la Justicia, especialmente cuando se encuentran relacionadas con situaciones de violencia familiar y de género.
En Rosario de Lerma, la investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer el episodio y, al mismo tiempo, activar mecanismos de prevención para evitar que el conflicto pueda derivar en nuevos hechos de violencia.
