Salvador Mazza sigue aguardando una resolución judicial que parece no llegar. Hace ya cuatro años, un operativo policial destapó un escándalo de magnitud que involucró al entonces intendente Rubén Méndez, y que dejó en evidencia un presunto entramado de corrupción en la gestión municipal. Pese al tiempo transcurrido, la causa aún no tiene fecha de juicio y la comunidad mantiene viva la indignación.
El operativo de aquel año sacudió al norte salteño: la policía incautó 800 mil dólares, 9 mil euros y 31 millones de pesos, junto con vehículos de alta gama, teléfonos celulares, tarjetas prepagas, documentación contable y un arma de fuego. La magnitud del hallazgo derivó en la destitución de Méndez y la intervención directa del municipio, un hecho que hasta hoy sigue presente en la memoria de los vecinos de Salvador Mazza.
La fiscalía imputó a Rubén Méndez por nueve delitos en concurso real, entre los que se destacan peculado, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Según la investigación, Méndez habría operado a través de un entramado familiar, político y administrativo que se extendía por áreas clave del municipio, incluyendo Hacienda, Tesorería, Obras Públicas y la Secretaría Privada.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y del impacto que tuvo en la comunidad, la causa judicial avanzó lentamente. Cada audiencia postergada genera frustración en los vecinos, que recuerdan con claridad los escándalos y los elementos incautados en aquel operativo. “Todos vimos cómo entraban los policías y se llevaban bolsas con dinero y papeles importantes. Nadie entendía qué pasaba, y todavía seguimos esperando respuestas”, comenta un comerciante local, reflejando la sensación de impotencia que recorre la ciudad.
Salvador Mazza, ciudad fronteriza con Bolivia, se ha visto afectada no solo por la repercusión mediática del caso, sino también por las consecuencias administrativas y sociales de la intervención municipal. Durante los años de demora judicial, la gestión municipal estuvo bajo supervisión externa, generando cambios en el manejo de recursos y en la organización interna del municipio. Sin embargo, para los salteños, la sensación de justicia incompleta persiste.
El entramado que investigan los fiscales incluye supuestas maniobras que habrían beneficiado a familiares y allegados del exintendente, así como contratos y negocios incompatibles con la función pública. Según los documentos secuestrados, las irregularidades involucraban desde la administración de fondos hasta la asignación de obras públicas, lo que habría permitido un enriquecimiento ilícito sostenido en el tiempo.
La demora en fijar una fecha de juicio también impacta en la confianza de la población hacia las instituciones judiciales y políticas. Organizaciones comunitarias de Salvador Mazza han reclamado públicamente mayor celeridad, subrayando que la justicia debe actuar de manera eficaz para garantizar transparencia y prevenir futuras irregularidades en la administración local.
Mientras tanto, la memoria de los vecinos sigue viva: los autos de lujo, el dinero y los documentos que aparecieron en aquel operativo continúan siendo un recordatorio del caso que sacudió a toda la provincia de Salta. La espera por un juicio que defina responsabilidades mantiene en vilo a la comunidad, que exige claridad y justicia efectiva.
El caso de Rubén Méndez es un ejemplo de cómo los procesos judiciales prolongados pueden afectar la percepción pública sobre la gestión política y la transparencia institucional. Para Salvador Mazza, la resolución del juicio no solo significaría justicia, sino también la posibilidad de cerrar un capítulo oscuro en la historia reciente del municipio y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
A cuatro años del operativo que cambió la vida política de la ciudad, Salvador Mazza sigue esperando que la justicia avance, mientras los salteños mantienen viva la memoria de lo ocurrido y la expectativa de que algún día se haga efectivo el fallo que determine responsabilidades y sanciones. La paciencia de la comunidad tiene un límite, y cada demora en el juicio refuerza la sensación de impunidad que aún persiste en esta ciudad fronteriza del norte argentino.
