La investigación por el homicidio ocurrido en mayo de 2024 en barrio Santa Ana II dio un paso clave este miércoles, luego de que la Justicia salteña admitiera la prueba que será utilizada en el futuro debate oral. El caso, que conmocionó a la zona sur de la capital, tiene como imputado a Juan Carlos García, señalado como el autor del disparo que terminó con la vida de un joven de 24 años.
El hecho tuvo lugar el 19 de mayo, cuando la víctima recibió un balazo en el tórax y cayó gravemente herida en plena vía pública. Pese a que una ambulancia llegó rápidamente al lugar, el joven murió mientras era trasladado al hospital San Bernardo. Su muerte generó gran impacto entre los vecinos de Santa Ana, un barrio que arrastra desde hace años problemas vinculados a la inseguridad y la circulación ilegal de armas.
Durante la audiencia convocada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI), el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la presentación y litigación del material probatorio. La instancia estuvo presidida por el juez Francisco Mascarello y contó con la presencia de las partes y de familiares del joven fallecido, quienes siguieron de cerca cada detalle del proceso.
A lo largo de la audiencia se debatieron pruebas documentales, testimoniales, digitales y periciales, y se alcanzaron acuerdos entre las partes para agilizar el futuro juicio. Finalizada la etapa, el magistrado resolvió admitir en su totalidad el material producido y dispuso remitir la causa a la OFIJU-JUI para que se sortee el Tribunal que tendrá a su cargo la audiencia de debate, donde finalmente se ventilarán los hechos y responsabilidades.
Además, el juez Mascarello ordenó que el acusado sea sometido a una pericia psiquiátrica conjunta, que estará a cargo de un perito de parte y de profesionales tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal. El estudio buscará aportar información sobre el estado mental de García al momento del hecho y durante el proceso.
La hipótesis fiscal sostiene que, horas antes del crimen, García fue abordado por dos hombres que intentaban venderle unas herramientas. La conversación derivó en una discusión que terminó con los vendedores retirándose del lugar. Sin embargo, según la investigación, la situación escaló minutos más tarde, cuando el acusado habría tomado un arma de fuego, subido a su vehículo y salido en busca de los dos hombres.
Los investigadores relatan que García alcanzó a la víctima y a su acompañante en inmediaciones de la plaza de Santa Ana II. Allí se habría acercado directamente al joven de 24 años, efectuándole un disparo a muy corta distancia en la zona torácica. No conforme con ello, también lo habría golpeado en el rostro con el arma antes de retirarse velozmente del lugar.
El amigo que presenció toda la secuencia pidió ayuda a los gritos y logró que vecinos se acercaran para asistir al joven herido. Minutos después llegó una ambulancia, pero el cuadro era crítico: pese a los esfuerzos médicos, el joven murió camino al hospital San Bernardo.
Entre las pruebas que irán a debate figuran testimonios clave, pericias sobre el arma y los proyectiles, análisis de las cámaras de seguridad de la zona, informes médicos y la reconstrucción de la secuencia del ataque. Para la Fiscalía, todo apunta a que se trató de una agresión directa, motivada por la discusión previa y ejecutada con la clara intención de causar la muerte.
El caso mantiene en vilo a la comunidad de Santa Ana, donde familiares y allegados del joven asesinado esperan que el juicio avance y se esclarezcan definitivamente los hechos. Con la prueba ya admitida y el expediente listo para sorteo de Tribunal, se espera que en las próximas semanas se defina la fecha del debate oral, una instancia clave para determinar la responsabilidad penal de García y brindar respuestas a la familia de la víctima.
La causa continúa en trámite y seguirá su curso mientras se realiza la pericia psiquiátrica ordenada. Para los vecinos de la zona sur, la expectativa está puesta en que el proceso avance con celeridad y transparencia, ante un crimen que volvió a exponer la urgencia de abordar la violencia armada y los conflictos cotidianos que derivan en hechos trágicos en la capital salteña.
