El sueño de la casa propia sigue siendo esquivo para miles de familias. Las listas de espera del IPV son largas, los requisitos estrictos y el ahorro previo una montaña que muchos tardan años en escalar.
En ese contexto de ansiedad y esperanza, apareció un sujeto que encontró la forma de sacar ventaja: hacerse pasar por alguien con “contactos” adentro del organismo y cobrar por promesas que nunca iba a cumplir.
Todo empezó casi por casualidad, en 2022. El hombre subió como pasajero a un remis manejado por una mujer que, como tantos salteños, todavía no tenía vivienda propia. En el viaje se presentó como empleado del IPV, charló, preguntó y, al enterarse de la situación de la chofer, le ofreció “ayudarla” a inscribirse en los planes habitacionales.
A partir de ahí empezó a tejer la trama. Le pidió fotocopias del DNI, del grupo familiar y otros papeles para “armar la carpeta”. Días después la pasó a buscar, la llevó hasta el barrio Pereyra Rosas —donde por esos años se estaban levantando nuevos complejos de viviendas sociales— y le señaló una casa en obra: “Esa va a ser para vos, ya está casi lista”.
Con esa imagen fresca en la cabeza, la mujer le entregó 70 mil pesos en efectivo. Era, según él, para “completar los trámites administrativos” que aceleraban la adjudicación. Tiempo después volvió a contactarla: “Hubo varias bajas en el programa, hay cupos nuevos”. Y le preguntó si conocía a alguien más interesado.
La remisera, que ya creía en él, le presentó a su hermano y a una prima. El mecanismo se repitió casi idéntico. Al hermano le cobró 60 mil pesos por otra “carpeta”. Después vinieron pedidos adicionales: 20 mil para “pintura y medianeras” y otros 100 mil para “comprar cubiertas de autos” que, según el estafador, eran necesarios para mover materiales o cumplir con algún requisito interno del IPV. La prima cayó con otros 60 mil pesos bajo las mismas promesas.
En total, la familia le entregó más de 310 mil pesos. Todo en efectivo, sin recibos, sin papeles oficiales, solo con la palabra de un tipo que parecía tener todo bajo control.
Los meses pasaron y las excusas se acumularon: “Falta una firma”, “están revisando expedientes”, “hubo un cambio de autoridades pero ya lo arreglo”. Las viviendas nunca se adjudicaron, las llamadas se espaciaron y un día el hombre directamente dejó de responder.
Cuando las víctimas se dieron cuenta de que habían sido engañadas, hicieron la denuncia. La causa recayó en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). Los investigadores tomaron declaraciones, cruzaron datos y confirmaron lo que ya se sospechaba: el imputado jamás había trabajado en el IPV, no tenía ninguna injerencia en los programas habitacionales y todas las “gestiones” eran puro humo.
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio analizó el expediente y consideró acreditadas las maniobras engañosas reiteradas. Pidió al Juzgado de Garantías 8 que eleve la causa a juicio oral por el delito de estafas reiteradas (dos hechos) en concurso real. Para la acusación, quedó claro que el hombre se aprovechó de la necesidad habitacional de las víctimas y se quedó con el dinero sin entregar absolutamente nada a cambio.
Este caso no es aislado. En Salta, cada vez que el IPV anuncia nuevos planes o entrega viviendas, aparecen oportunistas que ofrecen “acelerar” trámites, “tener contactos” o “vender carpetas”. Siempre con el mismo modus: cobran por adelantado, muestran alguna obra en marcha y desaparecen cuando las excusas se agotan.
El IPV es claro: los trámites son gratuitos, se hacen de manera presencial o a través de los canales oficiales y nadie puede garantizar una adjudicación a cambio de dinero. Cualquier pedido de plata por “gestiones internas” es una bandera roja.
Mientras tanto, la familia damnificada espera que la justicia avance. Perdieron plata, perdieron tiempo y, sobre todo, perdieron la ilusión de que esa casa que les señalaron en Pereyra Rosas algún día fuera suya. Ahora solo quieren que el responsable responda ante un tribunal y que nadie más caiga en la misma trampa.
