La problemática de los "trapitos" en Salta ha vuelto a encender las alarmas, con crecientes denuncias de vecinos que señalan desmanes, agresiones y situaciones de inseguridad en espacios públicos, como las ocurridas recientemente en el Parque San Martín. Este fenómeno, lejos de ser nuevo, refleja una compleja trama social que combina marginalidad, adicciones y limitaciones legales, y ha colocado a la gestión municipal frente a un desafío que requiere respuestas urgentes y multidimensionales.
El intendente Emiliano Durand, no ha esquivado el tema. En diálogo con Multivisión Federal, el jefe comunal expresó su compromiso de "poner orden" en la ciudad, incluyendo el abordaje de los trapitos, un grupo que, en muchos casos, opera bajo dinámicas de violencia y extorsión. "Venimos poniendo la ciudad en orden y lo vamos a seguir haciendo, en el tema trapitos también", aseguró Durand, subrayando que la solución no pasa únicamente por la acción policial, sino por un enfoque integral que contemple la salud mental y las adicciones.
El problema, sin embargo, no es sencillo. Durand reconoció las limitaciones legales que enfrentan las autoridades: los trapitos suelen incurrir en contravenciones, no en delitos, lo que dificulta una intervención sostenida. "La Policía saca al trapito si hay una contravención o alguna molestia, lo lleva, lo pone a disposición del juez y al otro día ya está en su lugar", explicó con crudeza. Esta realidad, que frustra a los ciudadanos y desnuda las grietas del sistema, evidencia la necesidad de herramientas legales más robustas para abordar estas conductas.
Además, el intendente destacó un aspecto humano que no puede ignorarse: muchos de los trapitos no son salteños y, en algunos casos, han requerido asistencia para retornar a sus provincias de origen. Este dato pone en relieve la dimensión social del problema, donde la marginalidad y la falta de oportunidades se entrelazan con la migración interna. En este sentido, Durand anunció que la Municipalidad trabaja en conjunto con la Provincia para encarar un abordaje desde la salud mental y las adicciones, buscando soluciones que vayan más allá de la mera contención policial.
La ciudadanía, agotada por la reiteración de estas situaciones, reclama medidas efectivas que devuelvan la seguridad y el orden a los espacios públicos. La violencia de los trapitos no es solo un problema de convivencia, sino un síntoma de fallas estructurales que requieren políticas públicas coordinadas entre los estamentos municipales, provinciales y judiciales. La promesa de Durand de abordar esta problemática con seriedad es un primer paso, pero la complejidad del fenómeno exige un compromiso sostenido y un enfoque que combine represión de conductas ilícitas con políticas de inclusión y prevención. En Salta, el desafío está planteado: transformar la indignación en soluciones concretas.
