Un grave episodio de violencia familiar y alta tensión policial se registró en barrio Tres Cerritos, en la ciudad de Salta, donde un hombre de 75 años fue acusado de amenazar de muerte a su esposa, atrincherarse en su vivienda y enfrentar a efectivos de seguridad con un arma de fuego. El hecho derivó en un importante operativo que se extendió durante varias horas y que requirió la intervención de un grupo táctico especializado.
La situación tuvo su punto más crítico el pasado 19 de marzo, cuando personal policial se presentó en el domicilio del acusado con el objetivo de notificarlo de una medida judicial de exclusión del hogar. La disposición había sido dictada en el marco de una denuncia previa por violencia de género realizada por su esposa, quien había decidido abandonar la vivienda días antes por temor a su integridad física.
Según surge de la investigación, el conflicto venía escalando desde al menos el 13 de marzo. En esa fecha, la mujer denunció que su esposo, un policía retirado, se encontraba alterado y le había proferido amenazas directas contra su vida. Ante esa situación, optó por resguardarse en la casa de un familiar y dar intervención a la Justicia.
Con la medida de exclusión ya dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, los efectivos intentaron cumplir con la notificación formal en el domicilio de Tres Cerritos. Sin embargo, lejos de acatar la orden, el hombre reaccionó de manera violenta: se negó a recibir la documentación, se encerró en la vivienda y comenzó a amenazar tanto a su esposa como al personal policial que se encontraba en el lugar.
La situación rápidamente escaló y obligó a activar un protocolo de intervención especial. Ante la resistencia del acusado y la posibilidad de que estuviera armado, se dio aviso al Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR), que se hizo presente para tomar control del procedimiento.
Durante varias horas, los negociadores intentaron que el hombre depusiera su actitud y se entregara de manera pacífica. El diálogo se extendió sin resultados positivos, mientras crecía la preocupación por el desenlace de un episodio que tenía todos los elementos de alto riesgo: una persona atrincherada, antecedentes de amenazas y la presunción de la existencia de un arma de fuego.
Cerca de las 18, y tras agotar las instancias de negociación, los efectivos del GOPAR resolvieron ingresar al inmueble. Al hacerlo, se encontraron con el acusado empuñando un arma de fuego, con la que apuntaba directamente hacia el personal policial, en una clara actitud intimidatoria y de confrontación.
Finalmente, el hombre fue reducido y detenido en el lugar, sin que se registraran personas heridas durante el operativo. Además, se procedió al secuestro del arma utilizada, la cual quedó incorporada como elemento clave en la causa judicial.
Tras el procedimiento, la fiscal penal de la Unidad de Violencia Familiar y de Género intervino en el caso e imputó al acusado de manera provisional por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad agravada. La calificación responde no solo a las intimidaciones hacia su esposa, sino también al accionar desplegado frente a los efectivos policiales durante el operativo.
En la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el hombre continuara detenido, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el riesgo que podría implicar su libertad, tanto para la víctima como para el normal desarrollo de la investigación. Sin embargo, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió no hacer lugar a ese pedido y dispuso su libertad.
Hasta el momento, esa decisión judicial no había sido formalmente notificada a la fiscal interviniente, lo que añade un elemento de incertidumbre respecto a los próximos pasos del proceso.
El caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género en Salta, especialmente en situaciones donde existen antecedentes de amenazas y conductas agresivas que pueden escalar a episodios de mayor gravedad. También deja en evidencia la complejidad de intervenir en contextos donde el agresor cuenta con conocimientos o formación en el uso de armas, como ocurre en este caso con un exintegrante de la fuerza policial.
Vecinos de barrio Tres Cerritos manifestaron su preocupación por lo ocurrido, ya que se trata de una zona tradicionalmente tranquila de la capital salteña. El despliegue policial y la duración del operativo generaron conmoción entre quienes residen en las inmediaciones.
En tanto, la causa continúa su curso judicial con el acusado imputado y bajo medidas que deberán ser definidas en función de la evolución del expediente. Se espera que en los próximos días se clarifiquen las condiciones de su libertad y las restricciones que podrían imponerse para resguardar a la víctima.
Por su parte, la mujer permanece bajo resguardo, mientras se activan los mecanismos de protección previstos en los casos de violencia de género. El acompañamiento institucional será clave para garantizar su seguridad en el marco de un proceso que aún está en desarrollo.
El episodio, por su gravedad y características, expone una vez más la necesidad de reforzar las herramientas de prevención y respuesta ante situaciones de violencia intrafamiliar, así como de garantizar la efectiva aplicación de las medidas judiciales destinadas a proteger a las víctimas.
