La calma habitual del barrio 20 de Febrero volvió a quebrarse en las últimas semanas tras conocerse la imputación y detención de tres jóvenes acusados de haber participado en el ataque que terminó con la vida de un muchacho de 22 años. El hecho ocurrió el 16 de noviembre pasado sobre calle Aniceto Latorre al 1500, una zona transitada y conocida por los vecinos de la capital salteña, y derivó en una investigación que hoy mantiene a los presuntos agresores tras las rejas, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de lo sucedido.
La víctima, un joven que caminaba por el sector aquella noche, fue interceptada y agredida con un arma blanca. La puñalada le provocó una lesión grave que obligó a su inmediato traslado al hospital San Bernardo, donde permaneció internado en estado crítico por más de dos semanas. El 2 de diciembre, pese al esfuerzo del equipo médico, falleció a causa de una falla multiorgánica derivada de la herida inicial. Su muerte reconfiguró la causa y aceleró las medidas judiciales para dar con los responsables.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, tomó la conducción del caso. Tras reunir elementos de convicción y avanzar con el trabajo de campo de la Unidad de Investigación UGAP, imputó de manera provisional a tres hombres —de 22, 26 y 28 años— como coautores del delito de homicidio simple. Dos de ellos son hermanos, y todos se encuentran alojados en dependencias policiales a la espera de la resolución del Juzgado de Garantías.
Durante la audiencia de imputación, los detenidos fueron asistidos por defensores particulares. Solo dos eligieron declarar y ofrecieron su versión de los hechos, mientras que el tercero optó por guardar silencio. Aun así, la Fiscalía solicitó que los tres continúen detenidos, entendiendo que su libertad podría entorpecer las medidas aún en marcha. El pedido incluye el análisis de nuevos testimonios, pericias complementarias y otras diligencias orientadas a reconstruir el momento exacto de la agresión.
El ataque ocurrió en una franja horaria donde aún queda movimiento en la zona, entre vecinos que vuelven del trabajo, comercios que cierran y colectivos que pasan con frecuencia. Según el expediente, la víctima habría sido abordada por tres personas con las que habría existido un intercambio previo, aunque por ahora no está claro si se trató de una discusión, un intento de robo o un conflicto anterior. Ese punto continúa bajo estricta investigación.
El lugar del hecho, Aniceto Latorre al 1500, es un corredor conocido para los vecinos del barrio 20 de Febrero, ya que conecta con sectores de alta circulación y está cercano a zonas comerciales y viviendas familiares. Después del ataque, la presencia policial en los días posteriores fue notoria, tanto para relevar cámaras de seguridad como para ubicar testigos que pudieran haber visto el episodio o los movimientos de los agresores.
Fue justamente esa combinación de testimonios y datos levantados en el terreno la que permitió individualizar a los tres sospechosos. Una vez identificados, el fiscal López Soto ordenó sus detenciones, que se concretaron sin incidentes. Desde entonces, los imputados permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias destinadas a aclarar el móvil y la dinámica exacta del ataque.
Los vecinos de la zona, acostumbrados a un ritmo más tranquilo, señalaron que los hechos violentos no son frecuentes, aunque admiten que en los últimos meses hubo algunos episodios que generaron preocupación. La muerte del joven reavivó el debate sobre la seguridad en la ciudad de Salta y el rol de la presencia preventiva en los barrios.
En paralelo al avance de la causa, el fallecimiento de la víctima dejó un fuerte impacto en su entorno. La familia, que había mantenido la esperanza de su recuperación durante las semanas de internación en el hospital San Bernardo, recibió la noticia con profundo dolor. Si bien no asistieron públicamente a las audiencias, mantienen contacto permanente con la Fiscalía, que les informó sobre cada paso del proceso judicial.
La imputación por homicidio simple implica que, para el fiscal, existieron elementos suficientes para considerar que los acusados actuaron con intención de causar daño letal, aunque sin los agravantes que configurarían una figura más severa, como el homicidio calificado. No obstante, la calificación podría modificarse con el avance de las pruebas y pericias que restan realizar.
En este tipo de causas, el análisis de lesiones, la trayectoria del arma empleada y las circunstancias en las que ocurrió el hecho suelen ser determinantes. A ello se suman posibles peritajes sobre celulares, cámaras de seguridad públicas y privadas, y la ampliación de testimonios clave que permitan identificar si actuaron con premeditación o si se trató de una confrontación que escaló de manera repentina. La Fiscalía ya trabaja con esos elementos para robustecer la acusación.
La investigación también pone el foco en el vínculo —si es que lo había— entre la víctima y los sospechosos. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis: desde una pelea espontánea hasta un conflicto previo entre las partes. Lo cierto es que, con la muerte confirmada, la causa pasa a tener un peso mayor en el fuero de Graves Atentados contra las Personas, lo que implica un seguimiento exhaustivo y una serie de plazos específicos que deben cumplirse para garantizar un proceso transparente y ajustado a derecho.
Mientras tanto, el pedido de mantener a los imputados detenidos responde a la necesidad de impedir riesgos procesales: fuga, entorpecimiento de pruebas o contacto con posibles testigos. El Juzgado de Garantías deberá resolver próximamente si hace lugar a la solicitud del fiscal, aunque en casos similares se suele disponer la continuidad de la medida de coerción, al menos hasta que se avance con la etapa de recolección de evidencia.
El homicidio del joven en el barrio 20 de Febrero se suma a una serie de episodios que encienden señales de alerta sobre la violencia urbana en Salta. Aunque las estadísticas muestran variaciones según el mes y la zona, cada hecho resonante genera preocupación entre los vecinos, que piden mayor presencia policial en puntos estratégicos y medidas de prevención más contundentes.
Por ahora, el caso continúa en manos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que mantiene un estricto hermetismo sobre los detalles sensibles de la investigación. Se espera que en los próximos días surjan nuevos avances que permitan reconstruir con mayor claridad qué ocurrió aquella noche de noviembre, cómo fue la secuencia del ataque y cuál fue el rol de cada uno de los detenidos.
