Apercibieron al diputado libertario Nicolás Arce tras su polémica acusación a docentes de la UNSa

La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta formalizó una sanción disciplinaria contra el legislador de La Libertad Avanza, Nicolás Arce, al aprobar un apercibimiento en su contra. La resolución del cuerpo legislativo responde al dictamen emitido por la Comisión de Legislación General, la cual evaluó la conducta del diputado tras los fuertísimos cuestionamientos planteados en el recinto por sus pares.

El conflicto se originó a partir de una cuestión de privilegio impulsada por el diputado Jorge Restom, quien reaccionó ante las polémicas declaraciones que Arce había pronunciado semanas atrás en plena sesión. En aquella oportunidad, el representante libertario sugirió abiertamente que se deberían implementar controles de narcotest al personal docente de la Universidad Nacional de Salta en la sede Tartagal, argumentando que le habían llegado supuestas denuncias sobre conductas extrañas de algunos profesores.

Las acusaciones generaron un inmediato repudio en el ámbito académico y político del norte provincial, donde las palabras del legislador fueron consideradas un ataque infundado contra la institución educativa. La situación escaló en intensidad dado que el propio Restom integra el cuerpo docente de la casa de altos estudios norteña, lo que motivó un encendido reclamo por el honor y la dignidad del colectivo docente.

En su momento, las voces críticas remarcaron que este tipo de afirmaciones públicas menoscaban el prestigio de la educación pública superior en el interior salteño y faltan al respeto al trabajo pedagógico. Restom argumentó que acusar sin pruebas y atribuir comportamientos vinculados al consumo de sustancias a educadores que desempeñan sus tareas a diario constituye una gravedad institucional que no podía pasarse por alto.

Con la aprobación de este apercibimiento, la Cámara Baja salteña sienta un precedente en relación a la responsabilidad del discurso de los representantes del pueblo en el recinto. La medida busca marcar un límite claro frente a los agravios personales e institucionales en el debate político provincial, exigiendo mayor prudencia a la hora de formular denuncias desde las bancas legislativas.