El juicio político contra el intendente Gustavo Solís ha comenzado, con acusaciones que van desde malversación de fondos hasta irregularidades en facturación y coimas. La concejal Valeria Orozco de Rosario de la Frontera brindó detalles sobre el proceso en una charla con Agenda/Salta. En una sesión pública de la comisión de juicio, los concejales presentaron pruebas contundentes de múltiples casos de corrupción que involucran al alcalde saliente.
El proceso se desencadenó tras una serie de investigaciones y pruebas que indicaban presuntas acciones ilegales por parte del intendente. Según la concejal Orozco, durante una reciente sesión de la comisión de juicio político, el lunes pasado se presentaron alegatos detallados de las investigaciones y pruebas que sustentan la solicitud de juicio político. A pesar de las pruebas contundentes, hubo un despacho en minoría por parte de concejales oficialistas que consideraron que las pruebas no eran válidas.
Las acusaciones incluyen la detención de la secretaria de hacienda de la Municipalidad, quien también es hermana del intendente, por su presunta participación en malversación de fondos. Además, se revelaron facturas inexistentes y supuestas maniobras fraudulentas en la gestión de recursos municipales. Se ha destacado que estas acusaciones también involucran a personas cercanas al intendente, como su primo, el senador provincial Javier Monico.
Entre las pruebas presentadas, se encuentran audios en los que el propio intendente Solís “reconoce haber estado involucrado en situaciones anormales y donde se habla de solicitar coimas a empresas a cambio de contratos municipales”, detalló la edil.
Luego, Orozco expresó que el proceso de juicio político es un paso importante en la búsqueda de justicia y transparencia en la administración pública. A pesar de la incertidumbre sobre el futuro de Solís en el ámbito político, la población de Rosario de la Frontera espera que este juicio sirva como un mensaje de que la corrupción no será tolerada y que los funcionarios públicos serán responsables por sus acciones.
Por otro lado, confirmó que Solís “chapeó” en las radios locales que estaba en camino a obtener un cargo en el futuro gabinete provincial del gobernador Gustavo Sáenz. Esta maniobra, obedecería una treta para meter presión a los ediles, incluso Orozco no descarta que el propio gobernador levante el teléfono e impida que las causas avancen en la justicia.
El proceso legal seguirá su curso mientras las pruebas presentadas son analizadas y se espera que se tomen decisiones en consecuencia. La situación de Solís, según planteó la entrevistada, plantea interrogantes sobre la integridad y la responsabilidad en la política local, y los ciudadanos esperan que este juicio marque un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia de Salta.
