Con la mirada puesta en las elecciones de este año, el Gobierno nacional ya trazó un objetivo claro: contar con 40.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires para la elección del 7 de septiembre y alcanzar los 100.000 en todo el país para las legislativas del 26 de octubre. Se trata de una apuesta fuerte que busca garantizar el control de cada mesa y escuela en un escenario electoral que promete ser ajustado.
A diferencia de lo que ocurrió en 2023, cuando La Libertad Avanza recurrió a una plataforma digital para convocar fiscales, esta vez la estrategia será distinta. En Casa Rosada descartan, por ahora, lanzar una web de inscripción y confían en que la fiscalización podrá organizarse a través de la “territorialidad” de los armadores en cada distrito.
El operativo se apoya en la estructura política desplegada en las provincias desde el inicio de la gestión. Los cargos en organismos clave como ANSES, PAMI y Vialidad quedaron alineados con referentes de La Libertad Avanza, lo que le dio al oficialismo una red de presencia territorial que ahora busca capitalizar en los comicios. La coordinación nacional está a cargo del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de mayor confianza del Presidente.
Desde el Ejecutivo explican que la meta es contar con un fiscal por mesa y uno general por cada escuela. Según datos de la última elección, en Argentina existen 104.800 mesas distribuidas en alrededor de 17.000 escuelas y locales de votación, con un padrón superior a los 35,8 millones de electores. Aún resta definir quién será el responsable máximo de la fiscalización nacional, ya que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, todavía no nombró a un titular específico para ese rol.
La estrategia también incluye acuerdos con fuerzas aliadas en distintos puntos del país. En la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, así como en Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Tucumán, el oficialismo coordinará la fiscalización en conjunto con el PRO y, en algunos casos, con sectores de la UCR y partidos provinciales.
En territorio bonaerense, la tarea recaerá en el armador de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien trabajará en coordinación con el presidente del PRO provincial, Cristian Ritondo. La misma dupla ya había llevado adelante la fiscalización en el balotaje presidencial de 2023, cuando Javier Milei se impuso a Sergio Massa. Para reforzar la estructura, el oficialismo sumará coordinadores como Matías Ranzini, Adrián Urreli, Alejandro Rabinovich y Agustín Forchieri.
“El desafío de septiembre será una elección pareja”, deslizan en los pasillos de Casa Rosada, en un juego de palabras que mezcla la tensión electoral con la referencia al apellido de Pareja, el dirigente bonaerense clave en esta etapa.
Entre las principales preocupaciones del Gobierno aparecen dos factores: el ausentismo y la capacidad de movilización de los aparatos municipales, especialmente en el conurbano bonaerense. La apuesta es que la red territorial construida en estos meses sirva de contrapeso y asegure la cobertura necesaria para que ningún espacio quede sin fiscalizar.
Con este esquema, el oficialismo busca repetir y reforzar la experiencia del balotaje de 2023, convencido de que el control de las mesas será determinante para garantizar transparencia y cuidar cada voto en un escenario de alta polarización.
