El conflicto entre el Gobierno Nacional y los gremios estatales sumó un nuevo capítulo tras la denuncia penal presentada contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La acusación, formulada por el Ministerio de Seguridad, sostiene que el dirigente habría incurrido en el delito de amenaza contra el orden constitucional al declarar públicamente que su tarea “es provocar la crisis” del actual gobierno. La presentación quedó radicada en la justicia federal y profundiza un clima de fuerte tensión política y sindical.
La denuncia fue firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, quien actuó por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich. El escrito plantea que las declaraciones de Aguiar, realizadas durante una entrevista en el marco de la inminente presentación del proyecto oficial de reforma laboral, constituyen una amenaza abierta al normal funcionamiento de la democracia y del mandato popular otorgado al presidente Javier Milei.
El eje central de la acusación se apoya en una frase que generó revuelo político: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Según el Ministerio de Seguridad, esta afirmación excede el ámbito de la crítica sindical y se transforma en un llamado explícito a generar una desestabilización institucional. La denuncia sostiene que este tipo de expresiones podrían encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que contemplan sanciones para quienes promuevan o ejecuten acciones dirigidas a atentar contra el orden democrático.
La causa recayó en el juzgado federal a cargo del juez Sergio Ramos, quien deberá iniciar las primeras medidas para determinar si los dichos del titular de ATE reúnen los elementos necesarios para configurar un delito. Desde el oficialismo, las declaraciones encendieron alarmas y motivaron una reacción inmediata. La ministra Bullrich compartió en sus redes sociales un mensaje en el que calificó a Aguiar como “desestabilizador y golpista”, y celebró la presentación penal. Minutos más tarde, el presidente Milei replicó el posteo con el mismo tono.
La denuncia también remarca la gravedad institucional de que estas expresiones provengan de quien representa a los trabajadores estatales, uno de los sectores más involucrados en el debate actual por la reforma laboral. Para el Ministerio, la masiva difusión de los dichos —reproducidos en entrevistas, portales de noticias y redes como Instagram, X y TikTok— amplifica su impacto y refuerza la supuesta “idoneidad” de la amenaza.
En un contexto político ya marcado por discusiones ásperas, movilizaciones y paros, el caso suma un ingrediente adicional a la puja entre el Gobierno y los gremios. La reforma laboral, una de las banderas centrales de la administración Milei, encuentra resistencia en diversos sindicatos, que acusan al Ejecutivo de avanzar sobre derechos laborales y condiciones de trabajo. ATE, en particular, ha encabezado protestas en todo el país y mantiene un tono crítico frente a las medidas oficiales.
La judicialización del conflicto podría escalar aún más la tensión, ya que se trata de una acusación que involucra no solo a un dirigente sindical, sino al propio rol que cumplen los gremios dentro del sistema democrático. Desde sectores laborales sostienen que las declaraciones de Aguiar fueron un gesto de disconformidad política en un contexto de debate público, pero no un llamado concreto a desestabilizar al gobierno. El oficialismo, en cambio, considera que cruzaron un límite claro.
En Salta, donde ATE tiene una fuerte presencia y suele protagonizar movilizaciones y medidas de fuerza frente a reclamos salariales y laborales, el tema generó repercusiones inmediatas. Delegados locales interpretan la denuncia como un intento de disciplinar al sindicalismo en momentos de creciente conflicto, mientras que funcionarios del ámbito nacional defienden la decisión como un acto necesario para “resguardar el orden democrático”.
La discusión también abre interrogantes sobre cómo impactará este episodio en la dinámica política de las próximas semanas, especialmente si la justicia avanza con medidas concretas. La reacción del sindicalismo podría incluir nuevas protestas o paros, lo que agrega incertidumbre al clima social y al debate sobre la reforma laboral.
Mientras tanto, la denuncia continúa su curso en la justicia federal. Lo que está en juego no es solo la interpretación de una frase polémica, sino la frontera entre la libertad de expresión, la protesta sindical y la estabilidad institucional. En medio de un país que atraviesa tensiones políticas, económicas y sociales, el caso Aguiar promete ocupar un lugar central en la agenda pública y sumar un capítulo más en la compleja relación entre el Gobierno y los gremios estatales.
