El Gobierno nacional decidió avanzar sin demoras con el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y enviarlo al Congreso argentino, pese a que el Parlamento Europeo resolvió frenar su ratificación y derivar el texto a la Justicia comunitaria. En la Casa Rosada aseguran que no aguardarán un pronunciamiento del tribunal europeo y sostienen que cuentan con los votos necesarios para sancionarlo en ambas cámaras.
La definición se tomó en las últimas horas y marca una señal política clara: la Argentina no quiere quedar atada a los tiempos y debates internos del bloque europeo. Según lo previsto por el Ejecutivo, el presidente Javier Milei firmaría este viernes el envío del acuerdo a la Cámara de Diputados, para que comience a tratarse desde el lunes 2 de febrero, cuando se pongan en marcha las sesiones extraordinarias del Congreso.
Ese mismo día, Milei regresará temprano a Buenos Aires luego de participar del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. La intención oficial es aprovechar el impulso político del inicio del año legislativo y acelerar un debate que, en otros gobiernos, estuvo durante años trabado por tensiones internas y resistencias sectoriales.
En Balcarce 50 trabajan con un objetivo concreto: que la Argentina sea el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea. Para eso, ya se iniciaron contactos informales con bloques aliados y sectores de la oposición, con el fin de armar un “poroteo” que garantice los votos tanto en Diputados como en el Senado.
En el oficialismo apuestan a un tratamiento exprés en la Cámara baja, que preside Martín Menem. La estrategia es evitar que el tema se empantane en comisiones o quede atrapado en una discusión política prolongada, en un contexto donde el Gobierno busca mostrar señales de apertura económica y alineamiento con los grandes mercados internacionales.
Desde el Ejecutivo rechazan las versiones que circulan sobre la supuesta falta de definiciones en el texto final del acuerdo. Sostienen que el articulado ya está cerrado y que el Parlamento Europeo no tiene margen para introducir modificaciones. “Lo vamos a tratar igual, sin importar lo que pase en Europa”, repiten en el entorno presidencial.
La misma postura mantienen frente a la posible intervención del tribunal europeo. En el Gobierno argentino interpretan que, en el peor de los casos, la Justicia de la Unión Europea podría objetar aspectos procedimentales de la ratificación, pero no alterar el contenido del acuerdo. “Si eso ocurriera, debería iniciarse nuevamente el proceso de aprobación, pero el texto no se toca”, aseguran.
