El Senado de la Provincia trata hoy la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Salta en una sesión marcada por la controversia política, luego de que la Comisión de Legislación General introdujera modificaciones sustanciales al texto original que había sancionado la Convención Municipal.
La decisión de alterar el articulado desató una dura resistencia por parte de los exconvencionales de La Libertad Avanza, quienes formalizaron su rechazo absoluto y deslizaron la posibilidad de acudir a la Justicia para frenar el avance legislativo si no se restituye la redacción inicial votada por la ciudadanía y sus representantes.
El ojo puesto en la transparencia y los controles
El núcleo del reclamo opositor se centra en la supresión de cláusulas clave orientadas a la transparencia fiscal y el control del gasto público en la capital salteña. Entre los puntos más ríspidos del dictamen figura la eliminación de la prohibición de partidas presupuestarias exentas de rendición de cuentas, así como la quita de disposiciones que garantizaban la autonomía de los organismos de fiscalización y una mayor participación ciudadana en el tratamiento del presupuesto municipal.
Desde el espacio libertario sostienen que estas modificaciones vacían de contenido reformista el proyecto original y debilitan los mecanismos institucionales de vigilancia sobre los fondos comunales.
Las modificaciones introducidas en el Senado también alcanzaron a normativas vinculadas con la administración del personal y los requisitos para la función legislativa y de contralor. El dictamen cuestionado eliminó la exigencia del secundario completo para aspirar a una banca de concejal e introdujo cambios sobre los límites a la contratación de personal en la comuna.
Asimismo, se objetó la modificación en la duración de los mandatos de los vocales del Tribunal de Cuentas, la supresión de concursos públicos para secretarios del Tribunal de Faltas y la quita de términos que resguardaban la independencia institucional del Defensor del Pueblo.
Reclamos ciudadanos y advertencia judicial
Ante este escenario de tensión política en los pasillos de la Legislatura provincial, los referentes del sector afectado remarcaron que el recorte no solo afecta el espíritu de la Convención, sino también los derechos cotidianos de los vecinos. En este sentido, cuestionaron la caída del artículo que permitía a la ciudadanía conocer con precisión el componente tributario municipal dentro de las transacciones comerciales. Con una presentación formal ya ingresada en la mesa de entradas, los exconvencionales dejaron en claro que agotarán las instancias institucionales y no descartan recurrir a los tribunales locales para defender la integridad de la norma sancionada.
La discusión en torno a la Carta Orgánica Municipal pone de relieve las fricciones latentes entre el esquema de renovación institucional planteado en la Convención y los consensos políticos que se tejen en el ámbito legislativo provincial. Para Salta, esta disputa excede un mero tironeo reglamentario y toca el corazón de cómo se administrarán los recursos y los controles institucionales en los próximos años.
Mientras el oficialismo parlamentario defiende la viabilidad del dictamen, la oposición busca instalar el debate sobre la necesidad de preservar intactas las herramientas de fiscalización y transparencia exigidas por los sectores que impulsaron los cambios constitucionales de base.
