El sistema de la educación pública en Salta quedó en el centro de la escena a raíz de una investigación administrativa que busca poner luz sobre graves irregularidades en la adscripción y designación de cargos.
En los últimos días, el gobierno salteño resolvió tomar cartas en el asunto e interrumpió de inmediato las liquidaciones salariales vinculadas a expedientes bajo sospecha. La decisión busca frenar un importante goteo de fondos públicos mientras los organismos de control interno revisan cada expediente al detalle.
Las alarmas se encendieron cuando salieron a la superficie diversas inconsistencias en los circuitos habituales de contratación del personal docente y administrativo. Ante esta situación, las áreas técnicas del Ejecutivo provincial iniciaron un minucioso chequeo papelerío por papelerío para constatar si las personas registradas efectivamente cumplen funciones en los establecimientos asignados. El objetivo prioritario pasa por dilucidar si se respetaron las normativas vigentes o si existieron circuitos paralelos de nombramientos al margen de la ley.
El impacto monetario que este esquema representa para las arcas de la provincia resulta verdaderamente alarmante
Según los primeros cálculos oficiales proyectados por las autoridades económicas salteñas, el volumen de dinero comprometido en estos nombramientos bajo la lupa roza los 300 millones de pesos mensuales. Semejante suma de dinero justifica plenamente la urgencia de paralizar cualquier desembolso preventivo hasta tanto se determine con precisión la legitimidad de cada uno de los puestos de trabajo observados.
Dib Ashur precisó al programa Día de Miércoles: “Hay un número inicial, que son cerca de 300 millones por mes”.
Pese al elevado monto presupuestario en juego, las autoridades prefieren actuar con cautela y evitar generalizaciones apresuradas antes de que concluyan los peritajes. Desde la cartera económica de la provincia remarcaron que el freno en los haberes responde estrictamente a una medida preventiva. Las auditorías vigentes deben clarificar cuáles son las imputaciones indebidas y cuáles podrían responder a cargos prestados en regla bajo regímenes o modalidades especiales que solo requieren ordenamiento de la documentación.
El caso reabrió un intenso debate sobre las responsabilidades de supervisión y los mecanismos internos de control del personal estatal. En Salta, el ingreso a la carrera docente y la cobertura de horas cátedra cuentan con reglas claras basadas en el mérito, donde la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina desempeña un rol clave. Por tal motivo, la filtración de nombramientos fuera de los canales institucionales tradicionales pone en evidencia fallas estructurales que terminaron exigiendo la intervención directa de la Sindicatura provincial.
Asimismo, la supervisión directa del cumplimiento de tareas recae de forma cotidiana en la propia estructura del ministerio de área. Al requerir la intervención de fiscalizadores externos a la cartera educativa, la gestión provincial reconoce que los filtros internos ordinarios no resultaron suficientes para detectar las anomalías a tiempo. Este escenario obliga a revisar de fondo el padrón de liquidaciones para devolverle transparencia al organigrama estatal.
En medio de la contundencia de las cifras de la investigación, el Gobierno procuró enviar un mensaje de tranquilidad hacia la comunidad educativa y el cuerpo docente salteño. Desde el Ejecutivo enfatizaron que estas sospechas puntuales no deben empañar la dedicación diaria de miles de maestras, maestros y profesores que concurren a las aulas a dar clases con absoluta responsabilidad y compromiso profesional.
Por estas horas, las miradas están puestas en el dictamen final que elaborarán los equipos contables y de recursos humanos. La resolución del caso no solo definirá la suerte de los salarios actualmente congelados, sino que también establecerá el monto exacto del perjuicio fiscal ocasionado a Salta, marcando un precedente decisivo para el control del empleo público en toda la región.
Con información de Aries FM
