El Concejo Deliberante de San Lorenzo dio un paso clave en uno de los casos políticos más resonantes de las últimas semanas: votó la expulsión del concejal Aldo Gonza, quien fue recientemente condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión se tomó por la figura de inhabilidad moral, aunque todavía resta una instancia formal antes de que la destitución quede firme.
Según se resolvió en el recinto, la medida no será inmediata. Gonza tendrá la posibilidad de presentar su defensa durante una sesión prevista para el próximo 6 de mayo. Recién después de ese paso, el cuerpo deliberativo definirá de manera definitiva si el edil queda fuera de su banca.
La situación generó un fuerte impacto en la política local, no solo por la gravedad de la condena, sino también por el peso del apellido Gonza dentro del escenario político de San Lorenzo. Aldo es hermano de “Kila” Gonza, una figura conocida en el ámbito municipal, lo que amplificó la repercusión del caso.
Uno de los concejales que tomó la palabra para explicar el proceso fue Juan Pablo Dávalos, quien aseguró que el cuerpo actuó con cautela para evitar errores legales que pudieran invalidar la decisión. Según detalló, la demora en avanzar con la expulsión respondió a la necesidad de contar con la sentencia judicial completa.
El edil explicó que sin ese documento formal, cualquier medida podía ser cuestionada por vulnerar el derecho a defensa. “Si actuábamos antes, se podía caer todo”, sostuvo durante la sesión, dejando en claro que el Concejo buscó respaldar cada paso en fundamentos jurídicos sólidos.
El fallo judicial llegó finalmente días atrás, lo que permitió destrabar la situación. Hasta ese momento, los concejales no podían basarse únicamente en versiones públicas o trascendidos, lo que había generado críticas por la continuidad de Gonza en funciones pese a la gravedad de los hechos.
De hecho, durante ese período, el concejal siguió ocupando su banca, aunque con escasa participación. En una de las últimas sesiones, incluso, no se presentó y tampoco justificó su ausencia, lo que sumó tensión al clima político dentro del recinto.
Dávalos fue contundente al anticipar el desenlace del proceso. Aseguró que la existencia de una condena firme y la inhabilitación perpetua configuran un escenario difícil de revertir. “El resultado ya se sabe”, lanzó, en una frase que refleja la postura mayoritaria dentro del cuerpo.
Otro de los puntos que marcó el edil fue la gravedad institucional del caso. Remarcó que no se trata de un delito común, sino de hechos vinculados a la propia administración pública. En ese sentido, consideró que la situación afecta directamente la credibilidad de las instituciones locales.
La condena a Gonza incluye la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, lo que, en términos prácticos, implica que no podría continuar en funciones ni volver a ocupar un cargo en el futuro. Este aspecto es central en el proceso de destitución y refuerza la decisión política de avanzar con su expulsión.
Mientras se desarrollaba la sesión especial en la que se trató el tema, también hubo momentos de tensión. La concejal Agustina Rodríguez Laconi intentó impedir el ingreso de la prensa al recinto, en una maniobra que fue rápidamente rechazada por el resto de los ediles.
