A más de un año de la implementación de la reglamentación que establece el cobro por la atención sanitaria a ciudadanos extranjeros no residentes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puede exhibir resultados concretos que posicionan a su gestión como un modelo de responsabilidad fiscal y eficiencia en la administración de los recursos públicos.
La medida, pionera en el país, ha permitido al sistema de salud provincial recuperar más de 50 millones de pesos entre enero y mayo de 2025, atendiendo a 141 personas de otras nacionalidades, al tiempo que alivia la presión sobre los hospitales y mejora la atención para los salteños.
La decisión de Sáenz, que en su momento generó debates sobre equidad y acceso a la salud, hoy se consolida como una política estratégica que no solo garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario, sino que también financia mejoras estructurales de gran impacto. “La posibilidad de adquirir 34 ambulancias en un año, así como la evidente mejora en la disponibilidad de turnos para nuestros ciudadanos y la clara disminución en la cantidad de atenciones a extranjeros, son pruebas irrefutables de que vamos por el camino correcto”, afirmó el gobernador, subrayando los beneficios tangibles de su iniciativa.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, detalló que los fondos recaudados —provenientes de atenciones en hospitales como los de Orán, Güemes, Cafayate y Salvador Mazza— han sido reinvertidos en la compra de ambulancias y en la optimización de la infraestructura sanitaria. “Esta política no solo alivia la carga económica, sino que nos permite reinvertir en mejoras directas para nuestros hospitales y centros de salud”, destacó Mangione. Los números respaldan su afirmación: el Hospital de Orán recaudó $14 millones por 14 atenciones, mientras que una sola intervención en el Hospital Güemes generó más de $10 millones, evidenciando la alta complejidad de algunos casos atendidos.
La normativa también ha tenido un impacto organizativo notable. La reducción de hasta un 90% en la afluencia de pacientes no residentes en hospitales como el Materno Infantil o el Salvador Mazza ha descongestionado salas de espera y aumentado la disponibilidad de turnos, permitiendo una atención más ágil y personalizada para los ciudadanos salteños. Este efecto disuasorio, que ya se percibía en 2024, se concentra especialmente en zonas turísticas y fronterizas, mientras que hospitales en áreas como Santa Victoria Oeste o Iruya no reportaron atenciones a extranjeros.
Con una recaudación promedio que refleja la complejidad de los casos atendidos —como los $4,9 millones del Hospital San Bernardo o los $4,2 millones del Materno Infantil por apenas cinco atenciones cada uno—, la política de Sáenz demuestra que es posible combinar solidaridad con responsabilidad fiscal. La provincia no cierra las puertas a quienes necesitan atención, pero establece un marco claro para proteger los recursos destinados a sus ciudadanos.
En un contexto de restricciones presupuestarias y demandas crecientes sobre los sistemas de salud, la decisión del gobernador Gustavo Sáenz no solo marca un hito en la gestión pública de Salta, sino que también plantea un debate nacional sobre cómo equilibrar el acceso universal a la salud con la sostenibilidad de los servicios públicos. Con ambulancias nuevas recorriendo la provincia y hospitales más accesibles para los salteños, los resultados hablan por sí mismos: Sáenz ha trazado un camino que otros podrían empezar a considerar.
