La historia comenzó a tomar forma en las últimas horas del viernes 15 de mayo, cuando la Justicia Electoral resolvió intervenir el PJ Salta ante la prolongada parálisis y los conflictos internos que el partido arrastra desde hace tiempo.
La Cámara Nacional Electoral, a través de la jueza María Servini, designó como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta, desplazando de esta manera a las autoridades que habían sido nombradas por la conducción nacional del partido.
La decisión judicial cayó como un balde de agua fría sobre el peronismo provincial. Hasta ese momento, Pablo Kosiner y Nora Canunni ejercían como interventores designados desde Buenos Aires, en un esquema que ya había tenido varios cambios previos. La medida de Servini dejó sin efecto esa conducción y ordenó el traspaso inmediato a Gambetta, argumentando la necesidad de ordenar el partido de cara a futuros procesos electorales.
Apenas trascendió la noticia, Pablo Kosiner salió a rechazar públicamente la intervención. El dirigente cuestionó con dureza la resolución y advirtió que se trata de un avance sobre la autonomía partidaria. “Vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político, desconociendo determinaciones soberanas adoptadas por sus órganos partidarios”, señaló Kosiner, quien remarcó que ya existía un cronograma interno en marcha para normalizar la situación.
Kosiner argumentó que la intervención llega justo cuando el PJ salteño tenía mecanismos institucionales avanzados, incluyendo la ratificación de un cronograma electoral en el Congreso Nacional previsto para el 19 de mayo. Para el exdiputado, la decisión judicial altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía que la Constitución garantiza a los partidos políticos.
En las horas siguientes, Raúl Romeo Medina salió a respaldar la designación de Gambetta. El referente justicialista y exapoderado del partido expresó su apoyo al nuevo interventor y aprovechó para denunciar un supuesto mal uso de fondos durante gestiones anteriores de la intervención nacional. Medina planteó que la llegada de Gambetta representa una oportunidad para ordenar las cuentas y poner fin a irregularidades que, según él, se venían produciendo.
La intervención judicial reavivó las tensiones internas del peronismo salteño, un partido que viene atravesando divisiones profundas y que busca reorganizarse de cara a las elecciones de 2027. Mientras algunos sectores ven en Gambetta una salida local y más alineada con la realidad provincial, otros lo interpretan como un nuevo capítulo de la larga crisis que impide la normalización definitiva del PJ.
El fallo de Servini también generó repercusiones a nivel nacional, ya que se produce a días de que el Congreso del PJ nacional debía tratar la extensión de la intervención y el cronograma electoral interno. Por ahora, la pelota está en manos del nuevo interventor, quien deberá definir los próximos pasos para intentar estabilizar un partido que, en Salta, lleva años sin poder ordenar su casa.
