La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó este miércoles nuevos elementos luego de la declaración testimonial del propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, inmueble que el funcionario alquiló junto a su familia durante distintos períodos en los últimos dos años.
La causa, que avanza en los tribunales federales y apunta a determinar un posible enriquecimiento ilícito, sumó información vinculada a contratos de alquiler, pagos en dólares y gastos realizados por el funcionario mientras remodelaba una propiedad adquirida dentro del mismo barrio privado.
El testimonio fue tomado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien interviene en el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. Ante la Justicia declaró José Luis Rodríguez, dueño de la vivienda alquilada por Adorni, quien aportó documentación y detalles sobre los acuerdos firmados con el actual jefe de Gabinete.
Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el testigo confirmó que Adorni alquiló la propiedad inicialmente para residir junto a su familia mientras avanzaban las obras de remodelación de una casa que había adquirido dentro del mismo country privado.
La Justicia ya tenía incorporado al expediente un contrato de alquiler anual que comenzó en marzo de 2024 y se extendió hasta marzo de 2025. Por ese período, el funcionario habría abonado alrededor de 13.000 dólares.
La vivienda que Adorni compró dentro del barrio privado habría tenido un valor cercano a los 120.000 dólares y posteriormente fue sometida a una remodelación integral. De acuerdo con la información que forma parte de la causa, la obra estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y demandó una inversión estimada en 245.000 dólares.
Los trabajos se habrían desarrollado entre septiembre de 2024 y julio de 2025, motivo por el cual el alquiler de la vivienda se habría prolongado más tiempo del previsto originalmente.
En ese contexto, el propietario declaró que ambas partes acordaron verbalmente extender el contrato de alquiler durante tres meses adicionales debido a las demoras en la finalización de la obra. Por ese período extra, Adorni habría pagado otros 2.400 dólares.
Pero la declaración incorporó además otro dato que hasta ahora no había trascendido públicamente. Rodríguez aseguró que ya había alquilado la misma propiedad al actual funcionario nacional tiempo antes de su llegada al Gobierno nacional.
Según relató ante la Justicia, firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia. En ese marco, Adorni y su familia habrían utilizado la vivienda durante enero y febrero de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.
Por esa estadía, siempre según la documentación aportada, el funcionario habría abonado 5.600 dólares. Las fuentes judiciales indicaron que ese pago se realizó antes de asumir formalmente funciones dentro del Gobierno nacional.
Con todos estos movimientos, la Justicia calcula que entre el contrato inicial, la extensión posterior y el alquiler temporario previo, Manuel Adorni y su familia residieron en el country Indio Cuá durante aproximadamente 18 meses, con un gasto total cercano a los 21.000 dólares únicamente en alquileres.
A esa suma se agregan además las expensas correspondientes tanto al inmueble alquilado como a la propiedad adquirida por el funcionario. De acuerdo con la información incorporada al expediente, cada lote tendría gastos mensuales cercanos a los 600.000 pesos.
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que, según el testimonio brindado, todos los pagos vinculados a los alquileres se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.
Durante su declaración, José Luis Rodríguez también entregó copias de los contratos firmados y presentó conversaciones de WhatsApp mantenidas con el jefe de Gabinete en relación con los alquileres y las condiciones pactadas.
La investigación judicial busca determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni resulta compatible con los ingresos que declaró oficialmente desde su ingreso a la administración pública nacional.
En ese marco, uno de los aspectos bajo análisis es la evolución de sus ingresos salariales. Según consta en la causa, el funcionario mantuvo congelado durante un período un sueldo cercano a los 3,5 millones de pesos mensuales, aunque posteriormente habría recibido un incremento significativo.
La causa continúa avanzando con la recolección de pruebas documentales, testimonios y análisis patrimoniales. En los próximos meses podrían incorporarse nuevas medidas para establecer el origen de los fondos utilizados tanto para la compra y remodelación de la propiedad como para los distintos gastos vinculados a su estadía en el country privado.
El expediente genera fuerte repercusión política debido al rol central que ocupa Manuel Adorni dentro del Gobierno nacional y porque se trata de una investigación que pone bajo la lupa el patrimonio y los movimientos financieros de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
