La bandera de la “pauta cero”, uno de los emblemas discursivos del gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada, comenzó a encontrar un límite incómodo: la publicidad estatal que continúa fluyendo por otras vías. Ahora, la organización Chequeado anunció que recurrirá a la Corte Suprema para intentar obligar al Gobierno nacional a transparentar cómo y en qué medios distribuye pauta publicitaria a través de YPF, la petrolera controlada mayoritariamente por el Estado.
Con el patrocinio de Poder Ciudadano, la ONG presentó un recurso ante la Cámara Federal para llegar al máximo tribunal luego de que YPF se negara a entregar información sobre sus campañas publicitarias. El pedido buscaba conocer el destino de los fondos destinados a medios de comunicación, redes sociales y agencias. La negativa se produjo incluso después de que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) fallara a favor del reclamo y ordenara entregar la documentación requerida.
La petrolera sostuvo que no está alcanzada por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública porque funciona bajo la figura jurídica de sociedad anónima. Sin embargo, para los impulsores del reclamo esa interpretación deja una zona gris sobre el uso de recursos de una empresa con mayoría accionaria estatal. El caso abre una discusión más amplia sobre los mecanismos de financiamiento indirecto a medios en un contexto donde el Gobierno sostiene públicamente que eliminó la pauta oficial.
Los números muestran que lejos de desaparecer, el gasto publicitario de algunos organismos y empresas públicas continúa creciendo. Según los datos citados por Chequeado, YPF destinó en 2025 unos 73 millones de dólares a publicidad, un incremento del 10% en moneda dura respecto de 2024. Ese año, además, el desembolso ya había mostrado un salto del 40% en términos reales frente a 2023, pasando de 31.749 millones de pesos a 97.110 millones.
YPF no es el único canal. El Banco Nación destinó 30.411 millones de pesos a publicidad en medios durante 2025: un aumento real del 31% respecto de 2024 y del 86% frente a 2023. El expediente que llegará a la Corte buscará establecer si la promesa de “pauta cero” implica realmente el fin del financiamiento estatal o apenas un cambio en las ventanillas desde donde se distribuye.
