La Libertad Avanza acelera las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma electoral que propone suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027 y habilitar el sistema de listas colectoras. El oficialismo necesita reunir diez firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales para conseguir dictamen y llevar la iniciativa al recinto.
Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno decidió modificar el proyecto original. En lugar de eliminar definitivamente las PASO, la nueva propuesta plantea suspenderlas para las próximas elecciones presidenciales. Además, incorpora la posibilidad de establecer hasta dos adhesiones entre listas, una modalidad que permitiría utilizar colectoras.
La comisión está integrada por 19 senadores. La Libertad Avanza cuenta con seis representantes, la misma cantidad que el peronismo, por lo que necesita sumar respaldos de otros espacios políticos para conseguir la mayoría.
Las negociaciones apuntan principalmente a sectores de la Unión Cívica Radical y de bloques provinciales. Entre los posibles acompañamientos aparecen los senadores radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi, aunque todavía existen dudas sobre la postura de Flavio Fama, quien anteriormente se había pronunciado en contra de suspender las primarias.
También están en la mira los representantes de Provincias Unidas, entre ellos Carlos Espínola y Alejandra Vigo, cuyos votos podrían resultar determinantes para que el oficialismo consiga las firmas necesarias.
Internas y diferencias políticas
La búsqueda de consensos también quedó atravesada por las diferencias dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich tendrá un papel central en las negociaciones para conseguir el dictamen, aunque hubo tensiones por la organización del debate legislativo, que se habría coordinado sin su participación inicial.
En ese escenario, desde su entorno sostienen que la responsabilidad de conseguir los votos en el recinto deberá quedar en manos de la Casa Rosada, especialmente porque parte de los acuerdos dependerá de las conversaciones con los gobernadores.
Por su parte, el peronismo mantiene una postura contraria a los cambios propuestos. Aunque existen diferencias internas dentro del espacio, sus integrantes coinciden en defender la continuidad de las PASO y rechazar la implementación de las colectoras.
Uno de los principales cuestionamientos apunta precisamente a este último mecanismo, que genera resistencias incluso entre sectores que podrían acompañar la suspensión de las primarias.
La Justicia electoral advierte sobre los plazos
Mientras avanzan las conversaciones políticas, la Justicia electoral también comenzó a plantear reparos sobre la iniciativa. Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es cómo funcionaría el sistema de colectoras con la boleta única y cuáles serían las condiciones para su implementación.
Además, desde el ámbito judicial recordaron que las modificaciones al régimen electoral deberían resolverse antes del inicio del año electoral. Esto deja al Gobierno con un margen de aproximadamente seis semanas para definir las reglas que regirán los comicios de 2027.
La posibilidad de que la reforma avance también abrió la puerta a una eventual judicialización. Sectores opositores anticipan que, si el proyecto consigue aprobación, podrían presentarse impugnaciones ante la Justicia electoral provincial, la Cámara Nacional Electoral y, posteriormente, la Corte Suprema.
De esta manera, la iniciativa enfrenta dos desafíos centrales: conseguir los respaldos políticos necesarios en el Congreso y resolver las dudas jurídicas que genera la modificación del sistema electoral.