El Gobierno de Javier Milei declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y armados de México, Colombia y Ecuador, y advirtió sobre los riesgos que sus actividades podrían representar para la seguridad de la Argentina. La decisión alcanza al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones.
La medida fue anunciada por la Presidencia y formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. A partir de esta disposición, las cinco organizaciones fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una herramienta utilizada por el Estado argentino para identificar a personas y estructuras vinculadas con actividades terroristas o con el financiamiento de esos actos.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que las organizaciones alcanzadas por la resolución representan una amenaza que trasciende las fronteras de sus países de origen. Según la evaluación oficial, la expansión de sus redes criminales y sus conexiones internacionales justifican reforzar los mecanismos de prevención y cooperación para evitar posibles riesgos en territorio argentino.
La decisión se enmarca en la política de seguridad impulsada por la administración de Milei, que busca ampliar los instrumentos disponibles para combatir el narcotráfico, las estructuras criminales transnacionales y otras actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional.
Los argumentos detrás de la decisión
Entre las organizaciones incorporadas al registro se encuentra el Cártel de Sinaloa, una de las estructuras criminales mexicanas más conocidas por su participación en el tráfico internacional de drogas. El Gobierno argentino fundamentó su inclusión en actividades atribuidas al grupo, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos.
La administración nacional también destacó que el cártel fue designado como organización terrorista por otros países, incluido Estados Unidos. Este antecedente forma parte de los argumentos utilizados para justificar su incorporación al sistema argentino de prevención y control.
Otra de las organizaciones alcanzadas es La Nueva Familia Michoacana, señalada por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes y en actividades vinculadas con la minería ilegal. De acuerdo con las evaluaciones citadas por el Ejecutivo, la estructura tiene presencia en distintos estados mexicanos, entre ellos Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México.
La minería ilegal constituye una de las actividades que las autoridades vinculan con determinadas redes criminales, debido a su capacidad para generar ingresos y facilitar otras operaciones ilícitas. En el caso de La Nueva Familia Michoacana, el Gobierno argentino incluyó este factor entre los elementos considerados para disponer su incorporación al RePET.
La lista también comprende a Los Tiguerones, una banda ecuatoriana relacionada por las autoridades con el narcotráfico y el sicariato. Según la información presentada por el Ejecutivo, la organización surgió tras separarse de Los Choneros en 2020, en un contexto de fragmentación y disputas entre estructuras delictivas de Ecuador.
En ese mismo proceso también se produjo la separación de Los Chone Killers, grupo que, de acuerdo con el texto oficial, ya había sido incorporado al registro antiterrorista argentino en agosto de 2026.
La inclusión de Los Tiguerones refleja la preocupación oficial por la evolución de las organizaciones criminales ecuatorianas y sus vínculos con actividades ilícitas de alcance regional. No obstante, la decisión administrativa de la Argentina no equivale por sí misma a una condena penal de sus integrantes ni acredita automáticamente la participación de personas concretas en delitos cometidos en territorio nacional.
Las guerrillas colombianas, también bajo la lupa
La resolución incluye además a las FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional, dos organizaciones insurgentes colombianas que el Gobierno argentino considera relevantes dentro de su evaluación de las amenazas transnacionales.
En el comunicado oficial, la Presidencia sostuvo que ambas estructuras desarrollaron capacidades operativas y conexiones que podrían extender sus actividades más allá de Colombia. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo consideró necesario incorporarlas al registro como parte de su estrategia de prevención frente a posibles riesgos para la seguridad nacional.
El Gobierno también formuló cuestionamientos por la trayectoria de violencia atribuida a estas organizaciones y por su responsabilidad en distintos episodios de violencia política y vulneraciones de derechos humanos en América Latina. Esos señalamientos fueron incluidos entre los fundamentos políticos y de seguridad expuestos para justificar la medida.
Las FARC-EP y el ELN tienen trayectorias diferentes dentro del conflicto armado colombiano, aunque ambas han sido objeto de investigaciones y señalamientos relacionados con acciones armadas y actividades ilícitas. La incorporación al registro argentino responde a la evaluación realizada por las autoridades nacionales y no modifica, por sí sola, su situación jurídica en Colombia ni las decisiones adoptadas por otros Estados.
Para el Gobierno de Milei, el punto central es la posibilidad de que las redes asociadas con estas organizaciones tengan proyección internacional y puedan generar amenazas fuera de sus áreas tradicionales de actuación.
Qué implica ingresar al RePET
El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento es un instrumento destinado a centralizar información relevante para prevenir y combatir actividades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento.
La inclusión de una organización permite reforzar los mecanismos de identificación e intercambio de información entre organismos nacionales y facilitar la cooperación con autoridades extranjeras. También puede tener consecuencias en materia de controles financieros y otras medidas previstas por el marco normativo aplicable, según la naturaleza de la designación y las disposiciones vigentes.
El procedimiento para incorporar organizaciones vinculadas con amenazas externas contempla una evaluación de los riesgos reales o potenciales que podrían representar para la seguridad interior, la población y los bienes de la Argentina. En ese análisis intervienen las áreas competentes en seguridad, política exterior e inteligencia.
De acuerdo con la información oficial, el proceso fue coordinado por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
La coordinación entre esas dependencias apunta a combinar información de inteligencia, antecedentes internacionales y herramientas jurídicas para determinar qué medidas pueden adoptarse frente a organizaciones que operan en más de un país.
La incorporación al RePET no significa que las cinco bandas tengan necesariamente presencia operativa comprobada en la Argentina. La decisión se fundamenta en la evaluación oficial sobre sus actividades y su posible proyección regional, por lo que cualquier afirmación sobre operaciones concretas dentro del país requeriría información específica.
Una estrategia que ya había alcanzado a otras organizaciones
La nueva resolución se suma a otras decisiones adoptadas por el Gobierno nacional durante 2025 para ampliar el registro de organizaciones consideradas terroristas.
Entre los antecedentes mencionados por el Ejecutivo se encuentran las incorporaciones del Tren de Aragua, una estructura criminal de origen venezolano, y de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Con la inclusión de los cinco grupos de México, Colombia y Ecuador, la administración nacional profundiza el uso del registro como herramienta de su política de seguridad y cooperación internacional.
El alcance de la medida y sus eventuales efectos dependerán de su aplicación por parte de los organismos competentes, así como del intercambio de información con otros países. En ese marco, el Gobierno sostiene que la prevención de amenazas transnacionales requiere coordinación entre las áreas de seguridad, inteligencia, justicia y relaciones exteriores.
La decisión coloca nuevamente en el centro del debate la estrategia argentina frente al narcotráfico y las organizaciones criminales internacionales, en un escenario regional marcado por la expansión de redes ilícitas y por las distintas respuestas adoptadas por los Estados para enfrentarlas.
