El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria del exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada, en el marco de una investigación que busca determinar si utilizó a dos empleados de la Cámara de Diputados de la Nación para realizar tareas vinculadas con la creación de cuentas en redes sociales y la difusión de contenidos contra dirigentes políticos.
La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como eje el supuesto empleo de recursos humanos financiados por el Estado para actividades que, según la investigación, habrían tenido un beneficio político y personal para el exlegislador.
El pedido de indagatoria apunta a establecer la responsabilidad de Estrada en los hechos y se vincula con la presunta utilización de los servicios de dos personas que se desempeñaban como asesores en el Congreso de la Nación. Ambos cobraban sus salarios con fondos públicos y, de acuerdo con la investigación, habrían realizado tareas relacionadas con la producción y publicación de contenidos en redes sociales.
La conducta que se le atribuye al exdiputado podría quedar comprendida, según la evaluación realizada por el fiscal, en el delito de peculado de trabajo y servicios. Esta figura está contemplada en el artículo 261 del Código Penal y sanciona el uso de trabajos o servicios pagados por la administración pública en beneficio propio.
La investigación también analiza una posible imputación vinculada con intimidación pública. En este tramo de la causa ya fueron alcanzados dos exasesores de Estrada, Florencia Bustamante y Alonso Allemand, quienes reconocieron su participación en las tareas investigadas y fueron condenados mediante un juicio abreviado.
Ambos recibieron una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública. Sus declaraciones forman parte de los elementos que ahora son considerados por la Justicia para determinar qué grado de responsabilidad habría tenido Estrada.
Según la investigación, los empleados del Congreso habrían participado en la creación y administración de distintas cuentas de TikTok utilizadas para publicar contenidos contra dirigentes políticos de Salta. Entre las cuentas mencionadas en el expediente aparecen nombres como “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz”, “Informante Salta” y “Casta Salta”.
El expediente intenta determinar quiénes estaban detrás de esos perfiles, cómo se producían los contenidos y qué participación concreta tuvieron los empleados que figuraban formalmente como asesores legislativos.
Una de las declaraciones incorporadas a la causa corresponde a Bustamante, quien manifestó que recibía órdenes y directivas de Estrada respecto de diferentes trabajos. Según su testimonio, entre las tareas que realizaba se encontraban la elaboración de piezas gráficas y audiovisuales destinadas a redes sociales vinculadas con la actividad personal y política del entonces diputado.
La exasesora también reconoció haber intervenido en la creación de cuentas de TikTok. De acuerdo con lo declarado, esos perfiles tenían como finalidad generar publicaciones destinadas a perjudicar a determinadas personas relacionadas con los ámbitos político, empresarial y mediático de Salta.
La investigación pone el foco, de esta manera, en el supuesto uso de personal contratado por la Cámara de Diputados para desarrollar actividades que no estarían vinculadas con las funciones propias de sus cargos públicos. El punto central será determinar si esas tareas fueron realizadas por orden de Estrada y si los recursos estatales fueron utilizados en beneficio de sus intereses particulares o políticos.
El caso tiene especial repercusión en Salta debido a la trayectoria del exdiputado dentro de la política provincial. Estrada fue ministro de Economía durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey y posteriormente integró una fórmula electoral junto a Sergio “Oso” Leavy para competir por la Gobernación de Salta.
Con el paso de los años, el dirigente profundizó su vínculo con el kirchnerismo y en 2021 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación como candidato de La Cámpora. Desde ese lugar desarrolló parte de su actividad política nacional hasta finalizar su mandato.
La causa federal se inició a partir de una denuncia que puso bajo análisis el presunto uso de recursos públicos para actividades ajenas a la función legislativa. A partir de allí, la investigación avanzó sobre las tareas desarrolladas por dos asesores que trabajaban para Estrada en el Congreso y cuyos salarios eran abonados por el Estado.
Para la Fiscalía, uno de los aspectos centrales consiste en establecer si esos trabajadores fueron destinados a producir contenidos para redes sociales personales o políticas del entonces diputado, en lugar de cumplir exclusivamente con las tareas correspondientes a sus funciones parlamentarias.
El pedido de indagatoria presentado por Marijuán sostiene que las actividades investigadas podrían constituir un supuesto de utilización de trabajos o servicios pagados por la administración pública en beneficio propio. En particular, el fiscal hizo referencia a la elaboración y difusión de videos que, según la investigación, habrían sido publicados de manera clandestina y mediante cuentas anónimas.
La Justicia deberá ahora analizar el planteo del fiscal y determinar los próximos pasos procesales. La eventual citación a indagatoria permitiría que Estrada conozca formalmente los hechos que se le atribuyen y ejerza su derecho de defensa dentro de la causa.
La investigación no implica por sí misma una condena contra el exdiputado, sino que forma parte de un proceso destinado a determinar si existió un delito y, en ese caso, quiénes fueron responsables. El avance del expediente dependerá de las decisiones que adopte el juzgado federal que interviene en la causa.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de recursos públicos y el rol de los asesores legislativos, mientras la Justicia busca determinar si personal contratado por el Congreso fue utilizado para desarrollar una estrategia de comunicación política mediante cuentas anónimas y contenidos difundidos en redes sociales.
Para la política salteña, el expediente representa además un nuevo capítulo en torno a la figura de Emiliano Estrada, quien tuvo una extensa trayectoria en cargos públicos provinciales y nacionales y mantiene una activa participación en la discusión política del país y de Salta.
