La Corte Suprema analiza una disputa constitucional surgida en Formosa que podría tener efectos políticos más allá de esa provincia. El caso, iniciado por la discusión sobre la reelección de Gildo Insfrán, es seguido de cerca por sectores del peronismo porque puede influir en los escenarios electorales de gobernadores que buscan definir su futuro para 2027.
Entre ellos está Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, quien fue reelegido en 2023 y enfrenta una discusión sobre cómo debe computarse el límite de mandatos establecido por la reforma constitucional provincial.
La controversia formoseña se originó después de que la Corte cuestionara el régimen que permitía la reelección indefinida. Tras ese pronunciamiento, Formosa reformó su Constitución y estableció un máximo de dos períodos consecutivos para gobernador y vicegobernador. Sin embargo, una cláusula transitoria dispuso que el mandato de las autoridades que ya estaban en funciones fuera considerado como el primero bajo el nuevo régimen.
Ese mecanismo permitió que Insfrán quedara en condiciones de intentar nuevamente una candidatura en 2027. La oposición volvió a recurrir a la Justicia y la Corte Suprema asumió competencia sobre el planteo.
Una eventual decisión no modificaría automáticamente las reglas de otras provincias. Sin embargo, un criterio restrictivo sobre la forma de computar los mandatos podría convertirse en un antecedente político y jurídico de peso.
En Salta, el debate tiene características propias. Sáenz gobierna desde 2019 y obtuvo la reelección en 2023. La reforma constitucional de 2021 limitó a dos los mandatos consecutivos del gobernador y vicegobernador.
El punto de discusión es cómo se interpreta ese límite. Una posición sostiene que el período iniciado en 2023 es el primero bajo la nueva Constitución y que, por lo tanto, Sáenz podría competir nuevamente en 2027. Sus adversarios plantean que el mandato anterior también debería ser computado.
El antecedente de la propia Justicia salteña agrega otro elemento al debate. En 2025, la Corte de Justicia de Salta avaló una aplicación de los límites de edad para magistrados que alcanzó a funcionarios que ya estaban en ejercicio cuando entró en vigencia la reforma constitucional.
Aunque ambas situaciones no son jurídicamente iguales, el antecedente puede ser utilizado en la discusión política sobre una eventual candidatura de Sáenz.
El escenario también está atravesado por la relación del gobernador salteño con el Gobierno nacional. Sáenz mantuvo un vínculo de diálogo y cooperación con la administración de Javier Milei, una estrategia que le permitió sostener canales abiertos con la Casa Rosada, pero que también generó cuestionamientos dentro del peronismo.
La situación se repite, con matices, en Catamarca y Tucumán. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo también mantienen posiciones dialoguistas frente al Gobierno nacional y tienen por delante definiciones sobre sus respectivos futuros electorales.
En Catamarca, Jalil fue reelegido en 2023 y ya manifestó que no buscaría un nuevo mandato. En Tucumán, en cambio, Jaldo podría enfrentar una discusión diferente: antes de ser elegido gobernador en 2023 estuvo al frente del Poder Ejecutivo durante el período en que Juan Manzur dejó temporalmente el cargo para asumir como jefe de Gabinete.
La eventual consideración de ese período podría convertirse en un argumento de sus adversarios si Jaldo intenta competir nuevamente en 2027.
La discusión tampoco queda limitada a los gobernadores. En la provincia de Buenos Aires, el peronismo analiza modificaciones al régimen que limita las reelecciones de intendentes y otros cargos electivos. La cuestión es especialmente relevante para Axel Kicillof, que necesita preservar el respaldo territorial de los jefes comunales mientras busca proyectar su figura hacia 2027.
Así, una discusión constitucional que comenzó en Formosa se cruza con una pelea política mucho más amplia. El peronismo intenta ordenar sus posiciones frente a Milei y, al mismo tiempo, definir quiénes podrán formar parte de una eventual construcción electoral para 2027.
La Corte no resolverá quién será candidato ni qué sector conducirá al PJ. Tampoco su decisión sobre Insfrán determinará automáticamente la situación de Sáenz. Pero un nuevo criterio sobre los límites a las reelecciones podría influir en una discusión que, en Salta y otras provincias, ya comenzó.
