La Justicia Penal Económica avanzó con una resolución de fuerte impacto institucional contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al citar a declaración indagatoria a sus máximas autoridades e imponerles la prohibición de salir del país. La investigación apunta a una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos, en un expediente que podría marcar un antes y un después en la conducción del fútbol argentino.
La medida fue dispuesta por el juez federal Diego Amarante, quien convocó a declarar al presidente de la entidad, Claudio Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; y a otros directivos de peso dentro de la estructura de la casa madre del fútbol nacional. Entre los citados también figuran Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
Según la hipótesis fiscal, la AFA habría actuado como agente de retención de impuestos y cargas sociales, descontando montos correspondientes a salarios y contratos, pero sin transferir esos fondos al Estado dentro de los plazos legales establecidos. El período bajo análisis abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 y contempla un total de 69 hechos independientes.
Como medida cautelar, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados, al considerar la magnitud del monto investigado y la eventual pena en expectativa. La restricción impacta directamente en dirigentes que suelen mantener agendas internacionales vinculadas a competencias, reuniones institucionales y compromisos con organismos del fútbol mundial.
El cronograma de indagatorias ya fue fijado por el Juzgado en lo Penal Económico y se desarrollará en la sede judicial de avenida de los Inmigrantes. El 5 de marzo deberá presentarse la AFA como persona jurídica junto a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El 6 de marzo será el turno de Pablo Toviggino y del directivo Gustavo Lorenzo. Finalmente, el 9 de marzo declararán Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, completando así la ronda prevista por la Justicia.
La causa cuenta con el impulso de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, que aportó informes técnicos y documentación respaldatoria sobre los movimientos financieros observados. De acuerdo al detalle incorporado al expediente, el monto total investigado supera los 19.300 millones de pesos, discriminados en distintos conceptos tributarios y previsionales.
En el desglose preliminar figuran más de 10.000 millones de pesos en retenciones del Impuesto a las Ganancias, incluyendo el régimen previsto en el artículo 79. A ello se suman cerca de 8.675 millones de pesos correspondientes a aportes y contribuciones de la seguridad social que no habrían sido transferidos, y otros 663 millones de pesos en concepto de IVA.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el mes de julio de 2025, señalado como el período de mayor irregularidad, con una deuda generada en apenas 30 días que superaría los 2.800 millones de pesos. Esa cifra encendió las alarmas dentro del organismo recaudador, que profundizó el análisis sobre la operatoria contable de la institución.
La querella también puso el foco en la situación económica de la AFA durante el período investigado. Según los informes bancarios incorporados al expediente, la entidad registró acreditaciones por más de 45.000 millones de pesos solo en diciembre de 2024 y mantuvo plazos fijos millonarios tanto en pesos como en dólares. Para la acusación, esos datos demostrarían que existía capacidad financiera para cumplir con las obligaciones fiscales y previsionales.
El avance judicial genera fuerte repercusión en el ambiente deportivo y político. La AFA es una de las instituciones más influyentes del país, no solo por su peso en el fútbol profesional sino también por su rol social y económico. Cualquier decisión que afecte a su conducción tiene impacto directo en clubes, ligas regionales y miles de trabajadores vinculados a la actividad.
En provincias como Salta, donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida social y cultural, la noticia fue seguida con atención. Dirigentes de clubes locales y ligas del interior observan con cautela el desarrollo del proceso, atentos a eventuales consecuencias administrativas o financieras que puedan repercutir en el sistema deportivo federal.
Por ahora, la causa se encuentra en etapa de indagatorias, una instancia clave en la que los imputados podrán ejercer su derecho de defensa y brindar su versión de los hechos. A partir de esas declaraciones, el juez deberá resolver la situación procesal de cada uno, lo que podría derivar en procesamientos, sobreseimientos o nuevas medidas de prueba.
