En un giro político significativo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este lunes que retiró el controvertido proyecto de ley que modificaba la cobertura de salud para los jubilados del Instituto Provincial de Salud (IPS), tras una oleada de críticas que sacudió la provincia.
La iniciativa, que desató la indignación de afiliados, gremios y sectores políticos, fue calificada por el propio Sáenz como un error de redacción que no reflejaba su intención de proteger a los jubilados. En paralelo, el mandatario provincial lanzó una dura denuncia contra clínicas privadas por prácticas de sobrefacturación, prometiendo auditorías rigurosas para garantizar los derechos de los pacientes.
En un mensaje cargado de autocrítica, Sáenz asumió la responsabilidad por el traspié político. “Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos”, citó al inicio de su discurso, reconociendo que la explicación inicial del proyecto fue insuficiente y que la redacción no reflejó el verdadero propósito de la reforma.
Según el gobernador, el objetivo era ordenar un entramado normativo del IPS, acumulado desde su creación mediante decretos y leyes desactualizadas. “Lamentablemente, en los considerandos no se puso lo que realmente queríamos”, admitió, señalando fallas en el asesoramiento y la comunicación.
Fuertes críticas
El proyecto había generado una tormenta de críticas, con jubilados y gremios denunciando una amenaza a sus derechos de salud. Sáenz no escatimó en señalar a sectores políticos que, según él, aprovecharon la situación para sembrar “incertidumbre y angustia” entre los afiliados. “Muchos, los de siempre, dirigentes políticos, aprovecharon para seguir creando temor”, afirmó, en un dardo dirigido a la oposición que capitalizó el descontento para cuestionar su gestión.
Tras reunirse con representantes gremiales para calmar las aguas, Sáenz confirmó la retirada definitiva del proyecto y anunció una mesa de trabajo conjunta con el interventor del IPS, la Comisión de Salud de la Legislatura y el Ministerio de Salud. El objetivo, según el gobernador, es diseñar una solución integral que saque al IPS de su “momento difícil” sin comprometer los beneficios de los jubilados. Además, su denuncia contra la sobrefacturación en clínicas privadas añade un nuevo frente de batalla, con promesas de controles estrictos para sanear el sistema de salud provincial.
Este episodio marca un punto de inflexión para Sáenz, quien busca recuperar la confianza de un sector clave de la sociedad salteña mientras enfrenta las tensiones propias de un año electoral. Su capacidad para transformar este traspié en una oportunidad de diálogo y reforma definirá el rumbo de su gestión en un contexto de creciente polarización.
