En una charla con Agenda/Salta, la diputada Sofía Sierra confirmó por qué se opone firmemente a la reciente aprobación de este proyecto “mordaza” en la Cámara de Diputados de Salta. En ese sentido expuso sus preocupaciones y argumentó que la modificación propuesta por el artículo 50 de la ley, que castiga a aquellos que difundan material con el fin de infundir pánico o desacreditar personas u autoridades oficiales, atenta contra la libertad de expresión y los derechos constitucionales.
Sierra denunció que el proceso legislativo fue irregular, ya que los proyectos llegan al acta de labor sin tener dictámenes de comisión con la debida anticipación, lo cual dificulta un análisis profundo y una consulta adecuada sobre los temas en cuestión. Además, explicó que este tipo de contenidos deben ser tratados en el ámbito civil y no penal, ya que la libertad de expresión debe prevalecer en la difusión de temas relacionados con lo público. “Nunca se puede condenar a un ciudadano o a alguien que está publicando una noticia que tiene que ver con la materia pública. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llamó la atención”, acotó.
La diputada se mostró preocupada por el impacto que este proyecto podría tener en la ciudadanía y en la prensa, ejemplificando casos en los que personas que difundieron información de interés público fueron objeto de denuncias y amenazas legales. Afirmó que su deber como legisladora es “proteger a la ciudadanía y la libertad de expresión”, más allá de su posición política, y destacó la importancia de “escuchar todas las voces y consultas externas antes de tomar decisiones en proyectos controversiales”.
Sierra fue la única diputada que votó en contra del proyecto, y aunque algunos colegas la acompañaron en la moción de vuelta a comisión, finalmente fue aprobado por mayoría. La diputada instó a sus colegas a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones en la sociedad y a cumplir con el deber de representar al pueblo por encima de cualquier interés partidario. “No nos pusieron a nosotros como legisladores para cubrir a la casta, a un funcionario, nos pusieron ahí para representar al pueblo”, señaló.
La aprobación de este proyecto ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil y en los medios de comunicación, quienes consideran que puede ser utilizado para silenciar voces críticas y limitar la libertad de prensa. La diputada Sierra espera que se abra un debate amplio y se analicen con profundidad las consecuencias de esta modificación antes de su implementación. El futuro de la libertad de expresión en Salta queda en manos de las autoridades y de la ciudadanía, quienes deberán velar por el respeto a los derechos constitucionales en el marco de esta polémica ley, recordó Sierra antes de finalizar.
