En un hecho que despertó preocupación en el ámbito judicial salteño, el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación declaró inadmisible un recurso de casación presentado por la defensa técnica en una causa que investiga un delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La decisión, más allá de la naturaleza inapelable de la elevación a juicio, estuvo motivada por el uso inadecuado de inteligencia artificial (IA) en la elaboración del escrito judicial.
El juez a cargo del expediente detectó que el documento presentaba inconsistencias notorias, que indicaban que el mismo “habría sido prearmado o se habría aplicado IA sin la debida y rigurosa revisión profesional”. Entre los errores, se encontraron referencias a normas ajenas al ordenamiento jurídico de Salta y atribuciones incorrectas de artículos del Código Procesal Penal provincial. Además, el escrito contenía indicaciones como “Completar” o “Identificar prueba”, evidencia clara de que no hubo una supervisión profesional posterior a la generación automática del texto.
La resolución judicial destacó que la utilización irresponsable de estas tecnologías puede derivar en contenidos inexactos o incluso ficticios, incluyendo la cita de jurisprudencia inexistente. “Esto constituye un grave quebrantamiento ético en el ejercicio profesional del derecho”, advirtió el magistrado.
El abogado implicado fue intimado a presentar los antecedentes jurisprudenciales mencionados en su recurso, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se dará intervención al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Salta. La medida refleja la seriedad con la que se trata la potencial falta profesional y la necesidad de preservar la integridad de los procesos judiciales en la provincia.
El caso puso en evidencia un desafío emergente para la práctica del derecho en Salta y el país: la integración de herramientas digitales y de inteligencia artificial en la actividad letrada. Mientras que estas tecnologías pueden agilizar ciertos procesos, su uso sin control ni revisión profesional puede acarrear consecuencias graves, tanto legales como éticas.
Especialistas en derecho penal y ética profesional señalan que la velocidad y eficiencia que promete la IA no pueden reemplazar el análisis crítico y la responsabilidad que exige la profesión. Un documento judicial no es solo un texto: representa la defensa de derechos, la correcta aplicación de normas provinciales y nacionales, y la certeza de que los procesos se desarrollan con transparencia y rigor.
Este episodio también abrió el debate sobre la capacitación en herramientas digitales para abogados en Salta. Aunque la provincia cuenta con universidades y colegios profesionales que comienzan a ofrecer cursos sobre tecnología y derecho, aún falta consolidar protocolos claros sobre el uso seguro y ético de inteligencia artificial en la práctica legal.
En el ámbito local, la noticia generó repercusiones entre colegas y ciudadanos, quienes cuestionan cómo la automatización puede influir en la calidad de la defensa y en la confiabilidad de los procesos judiciales. La utilización de IA sin supervisión adecuada puede no solo afectar la credibilidad de un abogado, sino también poner en riesgo la resolución justa de casos sensibles, como los que involucran delitos sexuales.
Desde el Colegio de Abogados de Salta, la conducta señalada se considera “una oportunidad para reflexionar sobre la ética profesional en la era digital”, y se reafirma la importancia de la revisión humana en todos los documentos judiciales, especialmente cuando se trata de recursos de casación y otras instancias formales del proceso penal.
El episodio podría marcar un precedente en Salta sobre la forma en que se reglamentará el uso de IA en la actividad profesional. La combinación entre innovación tecnológica y ética legal se presenta como un terreno nuevo y delicado, donde un paso en falso puede derivar en sanciones y en la pérdida de confianza en la práctica letrada.
Mientras tanto, el expediente sigue su curso y la atención se centra en la respuesta del abogado intimado y en cómo el tribunal evaluará su cumplimiento. Más allá de la resolución puntual, el caso deja en evidencia la necesidad de normas claras, formación profesional continua y un debate público informado sobre la inteligencia artificial en el ámbito judicial de Salta.
Este hecho no solo subraya la importancia de la responsabilidad individual de los abogados, sino también la relevancia de políticas institucionales que regulen la interacción entre tecnología y derecho, garantizando que la innovación no comprometa la justicia ni la ética profesional en la provincia.
