Según datos de la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), en lo que va de 2025 se iniciaron, en promedio, 10.000 nuevos juicios por mes, lo que proyecta un total superior a las 130.000 demandas para fin de año.
En un informe reciente, la entidad advirtió que esta tendencia se intensificó en los últimos meses y que, en el último año, las demandas laborales equivalieron al costo de 7 millones de salarios mínimos. “La judicialización descontrolada pone en jaque la viabilidad del sistema. No hay empresa ni estructura que soporte este nivel de conflictividad”, sostuvo la UART.
Uno de los datos más llamativos del informe es que el crecimiento de juicios no guarda relación con un aumento en la cantidad de accidentes laborales. Por el contrario, desde la entidad aseguran que las prestaciones vienen mejorando y los siniestros están en baja.
“La situación es absurda”, señaló Mara Bettiol, presidenta de la UART. “Tenemos menos accidentes, menos muertes en el trabajo, y aun así los juicios se multiplican. Ofrecemos atención médica integral sin costo, actualizaciones automáticas y compensaciones por todas las incapacidades. Pero la litigiosidad sigue creciendo sin lógica ni fundamento”.
La cámara empresaria atribuye el fenómeno a una combinación de pericias médicas "infladas" y tasas de interés "excesivas", que convierten cada demanda en “una oportunidad financiera, más que en un reclamo legítimo”. En ese sentido, sostienen que el sistema actual alimenta incentivos perversos, donde los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad que asignan, lo que distorsiona los criterios técnicos.
Desde la UART apuntan directamente contra la falta de control judicial como uno de los factores centrales del problema. En 2017 se sancionó una ley que establecía la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para unificar y objetivar los criterios periciales. Sin embargo, de las 17 jurisdicciones que adhirieron a la norma, incluida la Ciudad de Buenos Aires, ninguna implementó aún esos cuerpos especializados.
“Mientras no se avance en ese sentido, las pericias seguirán siendo determinadas sin estándares ni controles. Eso alimenta un circuito judicial que termina afectando la competitividad, la productividad y el empleo formal”, remarcaron desde la entidad.
Las provincias con mayor litigiosidad
De acuerdo al relevamiento, las provincias con mayor volumen de juicios laborales son Buenos Aires, que concentra el 40% de las causas, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%). No obstante, la UART también identificó un “crecimiento preocupante” en otras jurisdicciones como Entre Ríos, Chubut y San Luis.
En este contexto, las aseguradoras reiteran la necesidad de una reforma profunda que brinde previsibilidad al sistema y termine con lo que describen como una “industria del juicio en expansión constante”. Mientras tanto, advierten, el riesgo es que el sistema deje de ser viable tanto para las empresas como para los trabajadores.
