En Salta, el regreso a clases se tiñó de indignación. Padres y madres que desde hace días hacen fila bajo el sol para inscribir a sus hijos en escuelas públicas se encontraron con una sorpresa amarga: les piden plata para poder completar el trámite. No es un pedido amable ni un bono voluntario; es una condición clara: si no pagan, no hay matrícula.
Los montos varían según el establecimiento, pero siempre son altos para el bolsillo de cualquier familia trabajadora. En algunos casos hablan de 60 mil pesos por “inscripción”, en otros de 50 mil de cooperadora y hasta 100 mil en escuelas del interior. El mensaje es el mismo en todos lados: “sin pago, no inscribimos”. Y para colmo, en varios lugares rechazan transferencias y exigen efectivo, como si el banco no existiera.
Lo más grave es que estos cobros se disfrazan de “aporte” o “seguro”, pero la realidad es que están condicionando un derecho constitucional. La educación pública en Argentina es gratuita por ley y nadie puede poner una barrera económica para que un pibe entre al colegio. Sin embargo, la desesperación de las familias queda en evidencia cuando relatan que ya llevan una semana durmiendo en la fila y al final les cierran la puerta si no aflojan la billetera.
Claro que las cooperadoras son útiles y muchas familias las pagan de buena gana para ayudar con pintura, arreglos o materiales. Pero nunca pueden ser obligatorias ni mucho menos una condición para anotar al alumno. Esa es la línea roja que varias escuelas de la provincia están cruzando sin vergüenza.
Distinto es el caso del seguro escolar, que sí es obligatorio en toda la provincia. Cubre al chico en el viaje, dentro del establecimiento y en las actividades. Los valores son claros: 5.400 pesos para el hermano mayor y 2.700 para el menor. Eso sí se paga y punto; pero no se mezcla con los supuestos “aranceles de inscripción” que están inventando algunos directivos.
La bronca crece porque esto no afecta a todos por igual. Las familias de menores recursos son las que más sufren: muchas ya no saben cómo hacer para pagar luz, alquiler y ahora encima les piden plata para que su hijo tenga el mismo derecho que cualquier otro. Es una vergüenza que en pleno 2026 todavía tengamos que recordar que la escuela pública no es un negocio.
Si te pasó esto, no te quedes callado. La denuncia se hace directamente en el Ministerio de Educación de la Provincia. Condicionar la matrícula por plata es ilegal y las autoridades tienen la obligación de frenar esta práctica de inmediato. Porque la educación no es un privilegio para quien puede pagar: es un derecho de todos los chicos salteños.
