El concejal libertario Maximiliano Casasola solicitó una licencia a su cargo en el Concejo Deliberante de Salta “por razones de índole personal”, en un contexto marcado por la reactivación de la Comisión de Disciplina y Juicio Político que analiza denuncias por presunta violencia de género en su contra.
El pedido ingresó este martes al mediodía y contempla que el edil se aparte de sus funciones sin percibir haberes. La solicitud será tratada en la próxima sesión del cuerpo deliberativo, donde se definirá su aprobación formal. Mientras tanto, Casasola ya anticipó su intención de mantenerse fuera de la actividad legislativa hasta que avance la resolución judicial del caso.
La decisión del concejal se produce en medio de un proceso interno que volvió a activarse la semana pasada dentro del propio Concejo Deliberante. La Comisión de Disciplina y Juicio Político retomó su trabajo luego de recibir documentación enviada por la fiscalía, en la que se incluyen actuaciones vinculadas a denuncias por presunta violencia de género.
En ese ámbito ya se concretaron distintas instancias de declaración. Por un lado, la persona denunciante brindó su testimonio ante los integrantes de la comisión. Posteriormente, el propio Casasola se presentó para realizar su descargo y responder a las acusaciones que se encuentran bajo análisis institucional.
El expediente continúa su curso administrativo mientras el cuerpo legislativo evalúa los pasos a seguir dentro de su marco reglamentario. En paralelo, la situación del edil quedó en el centro de la escena política local, generando expectativa sobre cómo se resolverá su situación dentro del Concejo Deliberante de Salta.
Fuentes legislativas señalan que la licencia solicitada busca evitar interferencias en el desarrollo de las actuaciones, aunque la decisión final dependerá de lo que resuelva el pleno del cuerpo en la próxima sesión. De aprobarse, Casasola quedaría temporalmente apartado de sus funciones, sin participación en las comisiones ni en las sesiones ordinarias.
El caso se enmarca en un contexto de creciente atención sobre los mecanismos internos de control y disciplina dentro de los órganos deliberativos, especialmente en situaciones donde se encuentran involucrados funcionarios electos y denuncias de gravedad institucional.
Por el momento, no se han difundido precisiones adicionales sobre los tiempos que demandará la investigación judicial ni sobre eventuales definiciones en el ámbito político. Todo queda supeditado al avance de la causa y a las resoluciones que adopte tanto la Justicia como el propio Concejo.
La situación de Casasola abre un nuevo capítulo en la agenda política de la ciudad de Salta, donde el funcionamiento de las instituciones y la respuesta ante denuncias de este tipo vuelven a quedar bajo la mirada pública, en un escenario que combina lo judicial con lo legislativo y que seguirá desarrollándose en las próximas semanas.
