Una asociación de defensa de los consumidores llevó a la Justicia salteña una acción colectiva para frenar de inmediato los embargos de sueldo que afectan a más de setecientos trabajadores, en su mayoría empleados del Estado provincial. La presentación apunta contra una cadena de electrodomésticos con casa central en Rafaela, Santa Fe, a la que acusan de otorgar créditos con tasas de interés que llegan hasta el 733 por ciento anual.
Según la demanda, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Quinta Nominación, la empresa habría colocado más de setecientos préstamos con condiciones abusivas. Los propios papeles que la firma presentó ante la Dirección General de Rentas de Salta muestran que solo en mayo y junio de 2024 declaró 357 y 364 operaciones respectivamente, con percepciones que superaron los 8,9 millones de pesos en esos dos meses. La gran mayoría de los deudores son empleados públicos de la capital salteña.
La entidad pide la nulidad de las cláusulas de interés de todos esos contratos, la suspensión urgente de los juicios ejecutivos en trámite y una multa civil cercana a los mil millones de pesos. También solicitó que se detengan los descuentos de sueldo mientras dure el proceso y que se informe al fiscal penal de turno, porque la usura profesional está tipificada como delito con penas de hasta seis años de prisión.
Dos casos concretos ilustran la magnitud de las tasas. Un empleado provincial recibió 450 mil pesos y firmó un pagaré por casi 2,4 millones, con una tasa efectiva anual del 733,50 por ciento. Sobre su sueldo ya pesa un embargo. Otra trabajadora del Estado obtuvo 248 mil pesos y quedó obligada a devolver más de 1,3 millones, con una tasa del 710 por ciento. En ese expediente existe una sentencia de remate todavía no notificada.
La asociación sostiene que todos los préstamos siguen la misma plantilla contractual con elementos abusivos idénticos. Por eso pide que se declare la nulidad de las cláusulas de interés en todos los contratos celebrados en Salta y que se suspendan, como medida cautelar innovativa, todos los procesos ejecutivos relacionados. La Procuración General de la Provincia ya tomó vista de la causa.
El abogado de la entidad Daniel Paganetti, explicó que la empresa diseñó el producto para que el trabajador no pueda defenderse con facilidad en el juicio ejecutivo. El pagaré preconstituido bloquea las defensas causales: se trata de un mecanismo legal, pero con tasas ilegales. “No necesitamos investigar quiénes son los afectados, ya que la propia empresa los identificó en su declaración jurada ante el fisco provincial. Son más de setecientos salteños en solo dos meses”, señaló.
La presentación se apoya en el criterio de que un mismo hecho afecta a una pluralidad de personas en idéntica situación. Por eso reclama no solo la suspensión inmediata de los embargos y la nulidad de las cláusulas abusivas, sino también el pago de daños punitivos y que se deje constancia de la posible comisión del delito de usura.
Con información de El Tribuno
