El debate por el contrabando y la informalidad volvió a instalarse con fuerza en la capital salteña luego de una serie de operativos judiciales en locales de venta de indumentaria. La Cámara de Comercio e Industria de Salta respaldó los allanamientos realizados en el marco de una investigación federal y advirtió que estas maniobras profundizan la crisis del comercio formal, que atraviesa meses de caída sostenida en las ventas.
Los procedimientos se realizaron la semana pasada en distintos puntos de la ciudad e incluyeron locales comerciales, domicilios particulares y un estudio contable. En total fueron seis allanamientos en el marco de una causa por contrabando, presunta infracción a la Ley de Marcas y posible lavado de activos. Como resultado, se secuestraron más de 352 millones de pesos, unos 4.500 dólares y gran cantidad de mercadería, entre otros elementos vinculados a la investigación.
Desde la entidad empresarial, su presidente sostuvo que el contrabando es un problema estructural en una provincia limítrofe como Salta y que impacta de lleno en la competencia desigual que enfrenta el comercio registrado. Señaló que los negocios formales cargan con una estructura de costos elevada, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, que condiciona su rentabilidad frente a circuitos informales que operan sin las mismas obligaciones fiscales ni laborales.
En ese sentido, planteó que la informalidad se convirtió en uno de los principales factores que agravan la crisis de ventas. Según su análisis, el comercio formal viene por debajo del punto de equilibrio desde hace varios meses, en un contexto donde la caída del consumo obliga a los negocios a priorizar el pago de alquileres, salarios e impuestos antes que cualquier margen de ganancia.
También advirtió que la situación no se limita al contrabando en sentido estricto, sino que ya se trata de un problema más amplio vinculado a la economía informal y a delitos económicos. En ese marco, remarcó que la alta informalidad en la provincia genera un escenario donde la competencia se vuelve insostenible para quienes cumplen con las reglas.
El dirigente empresarial agregó que el consumidor también cambió sus hábitos de compra y que hoy prioriza el precio por sobre otros factores, lo que termina favoreciendo a los canales informales. En ese contexto, insistió en que el sector formal no reclama subsidios, sino condiciones básicas para poder competir en igualdad.
Sin embargo, la postura no es unánime dentro del propio sector comercial. Desde otra cámara empresarial se cuestionaron los operativos y se planteó que el procedimiento fue excesivo en su forma. Sostuvieron que, más allá de la investigación judicial, la intervención en los locales debió ser más cuidadosa y evitar la exposición pública de comerciantes que, según su mirada, no deberían ser tratados como sospechosos sin una diferenciación clara.
Este sector también apuntó a que el foco del problema no está en los pequeños comercios, sino en las grandes redes de ingreso de mercadería desde la frontera y en los circuitos mayoristas donde se originaría el contrabando. En esa línea, reclamaron una estrategia de control más integral que no afecte directamente a los vendedores minoristas.
La discusión deja en evidencia una tensión creciente entre el combate al contrabando y el impacto que estas medidas generan en la actividad comercial cotidiana. Mientras un sector reclama mayor control para proteger al comercio formal, otro advierte sobre los efectos colaterales de los operativos y pide revisar la forma en que se implementan. En el medio, el consumo sigue en retroceso y el comercio salteño busca sostenerse en un escenario cada vez más complejo.
