Tras los operativos realizados la semana pasada en locales de venta de ropa americana en la capital salteña, en el marco de una investigación de la Justicia Federal por contrabando , infracción a la Ley de Marcas y presunto lavado de activos, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, defendió la necesidad de avanzar sobre las maniobras ilegales y advirtió por el daño que generan al sector formal.
"El contrabando es un problema que nosotros como provincia limítrofe tenemos hace mucho tiempo", señaló en diálogo con Radio Salta. En ese sentido, agregó que se trata de una práctica que "perjudica claramente al comercio local" y que también golpea a la actividad en todo el país. Para Herrera, la dificultad central está en que el comercio registrado debe cargar con una estructura de costos mucho más pesada: "Tenemos un socio con los impuestos nacionales, provinciales y municipales, que se llevan entre el 40 y el 50 por ciento del valor del producto", afirmó.
En la investigación judicial, a cargo del fiscal Carlos Amad, se ejecutaron seis allanamientos, tres en locales comerciales, dos en domicilios particulares y otro un estudio contable. Como resultado se secuestraron más de 352 millones de pesos, 4.500 dólares y decenas de bolsones con mercaderías, entre otros elementos.
A todo esto, Herrara remarcó que la competencia se vuelve desigual cuando se enfrenta a circuitos informales. "No podemos competir de esa manera", dijo, al advertir que en ferias o locales que no tributan se comercializan productos sin las mismas exigencias fiscales ni laborales que soportan los comercios legales. También sostuvo que el avance judicial sobre estas maniobras es clave porque, a su entender, ya no se trata solo de contrabando, sino de un problema de "delito económico".
"Estamos cada vez peor en una provincia que tiene el 60% de informalidad. Hace 7 u 8 meses que el comercio formal está en caída".
Herrera vinculó además la situación con el deterioro del consumo. Aseguró que el comercio viene "por debajo de su punto de equilibrio" desde hace entre siete y ocho meses y explicó que eso obliga a los negocios a concentrarse en pagar alquileres, sueldos e impuestos. "La gente está aprendiendo a comprar por el precio", resumió, al analizar el cambio en los hábitos de consumo.
Sostuvo que el comercio formal "no quiere subsidio ni nada", sino poder trabajar.
Otra mirada
En una posición totalmente diametral a la de Herrera, la presidenta de la Cámara de Comercio "Comerciantes Unidos", Carol Ramos, cuestionó con dureza el procedimiento realizado sobre los locales allanados y consideró que se trató de un operativo excesivo. Dijo, también en Radio Salta, que, más allá de la investigación de fondo, la forma de intervenir fue "un destrato" y aseguró que ese tipo de acciones debería reservarse para delitos de mayor gravedad, como narcotráfico o trata de personas.
Ramos planteó que, si existían sospechas, la pesquisa debió avanzar de otra manera y con menos exposición pública. También sostuvo que el foco no debe ponerse sobre el comercio formal, al señalar que en el circuito de venta informal hay múltiples irregularidades, pero que no todos los comerciantes deben ser tratados como sospechosos. Según su postura, el verdadero problema está en la frontera y en los grandes galpones donde ingresaría la mercadería de contrabando.
