La Municipalidad de Salta anunció la exención del Impuesto a la Radicación de Automotores para los prestadores de transporte especial destinados al traslado de personas con discapacidad. La medida, que tiene alcance anual y puede renovarse, busca acompañar y facilitar el trabajo de quienes brindan servicios esenciales de rehabilitación, asistencia médica, terapias de recuperación y transporte a centros educativos.
El beneficio será aplicado únicamente a los vehículos que estén debidamente acreditados, es decir, aquellos destinados de forma exclusiva y permanente al transporte de personas con discapacidad. Esto garantiza que la medida llegue a quienes realmente cumplen con la función social prevista.
Los interesados en acceder a la exención deben iniciar un expediente en el Centro Cívico Municipal (CCM) o en las oficinas de Rentas, ubicadas en calle 25 de Mayo 846. El trámite requiere la presentación de un formulario que se puede retirar personalmente en las oficinas municipales o descargar desde la página de Trámites y Servicios de la Municipalidad (municipalidadsalta.gob.ar).
Junto con el formulario, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI del licenciatario
Fotocopia del título automotor
Certificado de libre deuda automotor y de multas de tránsito del vehículo que presta el servicio, actualizado hasta abril de 2025
Copia del cuaderno de habilitación vigente expedido por la Dirección de Transporte Público Impropio y Taxiflet
Copia del comprobante de pago del canon anual, ya sea en su totalidad o cuotas vencidas
En caso de contar con más de una licencia, comprobantes de pago de sellado de chofer para cada vehículo
Una vez iniciado el expediente, la Dirección General de Rentas evaluará cada caso y emitirá una resolución de exención si corresponde. Para este año, la medida se aplicará hasta el 31 de diciembre, y los prestadores podrán solicitar la renovación para próximos períodos, asegurando la continuidad del beneficio.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Salta refuerza su compromiso con la inclusión social y el apoyo a servicios esenciales, aliviando la carga impositiva sobre quienes cumplen una función vital para personas con discapacidad.
