La Municipalidad de Salta revocó el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la urbanización Vía Aurelia y de su operador, el grupo MDay. La medida profundiza el escándalo ambiental que ya había derivado en una multa cercana a los 80 millones de pesos impuesta por el ENRESP. La resolución sostiene que se comprobó daño ambiental sobre el Río Arenales y que la empresa incumplió las condiciones bajo las cuales había obtenido la autorización provisoria.
La decisión municipal se apoya en inspecciones técnicas, análisis de laboratorio y en las actuaciones iniciadas por el ENRESP, que semanas atrás había sancionado al emprendimiento por irregularidades en el sistema de tratamiento de efluentes. Según consta en el expediente, la planta utilizada por la urbanización resultó insuficiente y se detectaron parámetros contaminantes muy por encima de los límites permitidos.
El municipio remarcó que el permiso ambiental otorgado a Vía Aurelia tenía carácter provisorio y estaba sujeto a una serie de condiciones que nunca fueron cumplidas. Entre ellas figuraban la adecuación definitiva del sistema cloacal, la correcta disposición de efluentes y la presentación de autorizaciones técnicas complementarias. La resolución también menciona deficiencias operativas, falta de mantenimiento y presuntas descargas sin tratamiento.
En el expediente se corroboró la existencia de contaminación vinculada a elevadas concentraciones de materia orgánica, grasas y aceites, además de inconsistencias en el funcionamiento de la planta depuradora. Los informes técnicos concluyeron que el sistema no estaba en condiciones de realizar un tratamiento adecuado y que ello generó contaminación sobre el Río Arenales.
Con la quita del CAAM, la urbanización no podrá avanzar con nuevas ampliaciones ni habilitaciones vinculadas al proyecto. Además, para recuperar el permiso ambiental, el grupo MDay deberá construir una planta de tratamiento definitiva, acreditar el correcto funcionamiento del sistema y obtener el permiso de vuelco correspondiente ante las autoridades provinciales.
El documento no solo valida las sanciones previas del ENRESP, sino que deja asentado que existieron incumplimientos ambientales graves y daño comprobado, en un caso que tuvo amplia repercusión pública y política en Salta.
