La Universidad Nacional de Salta (UNSa) no dictará clases con normalidad entre el 27 y el 30 de abril debido a la adhesión al paro docente universitario a nivel nacional. La medida fue confirmada por el gremio ADIUNSa, que resolvió acompañar la protesta con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo a la política salarial vigente y al recorte presupuestario en el sistema universitario.
El reclamo se centra principalmente en la actualización de los salarios docentes, luego del anuncio de un incremento del 1,7% que, según el sector, resulta insuficiente frente al avance de la inflación. Desde el gremio sostienen que la pérdida del poder adquisitivo se profundiza mes a mes y que la recomposición salarial ofrecida no alcanza para sostener las condiciones básicas del trabajo en la universidad pública.
A esta situación se suma la preocupación por el financiamiento general de las universidades nacionales. Los docentes denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que, aseguran, impacta directamente en el funcionamiento académico, la investigación y el sostenimiento de las actividades educativas en todo el país. En ese marco, remarcan que el conflicto no es aislado, sino parte de un escenario más amplio que atraviesa al sistema universitario argentino.
En Salta, la adhesión de la UNSa al paro implica la interrupción de clases en la mayoría de las facultades durante cuatro días consecutivos, lo que afectará el desarrollo habitual del calendario académico. Se espera que la medida tenga alto acatamiento, en línea con lo que ocurre en otras universidades nacionales.
El plan de lucha docente se enmarca en una serie de acciones coordinadas a nivel nacional, con el objetivo de visibilizar el reclamo salarial y exigir mayores recursos para la educación superior pública. Desde ADIUNSa señalaron que la continuidad de las medidas dependerá de la respuesta que brinden las autoridades nacionales en las próximas semanas.
Mientras tanto, en la comunidad universitaria salteña crece la preocupación por el impacto del conflicto en el dictado de clases, especialmente en un contexto de tensiones económicas y presupuestarias que atraviesa el sistema educativo. La protesta vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en el financiamiento de las universidades y la situación de los trabajadores docentes en todo el país.
