La disputa entre Martín Redrado y Luciana Salazar volvió a escalar, esta vez en el ámbito judicial. El economista denunció penalmente a su expareja por extorsión, al sostener que fue forzado a firmar un acuerdo de manutención relacionado con la hija de la modelo, nacida mediante inseminación artificial en 2017.
Según el propio Redrado, el tratamiento fue un proyecto personal de Salazar, sin ningún tipo de acuerdo conjunto. En su declaración judicial, el ex presidente del Banco Central afirmó que su única participación fue económica, limitada al período en que estaban en pareja, y que nunca asumió ni quiso asumir un rol paterno.
En la causa, asegura haber sido víctima de “caprichos, exigencias y extorsión”, y remarca que firmó los acuerdos bajo presión. Incluso negó haber contado con asesoramiento legal en ese momento, a pesar de la presencia de la abogada Ana Rosenfeld en varias reuniones, a quien también denunció por falso testimonio.
La controversia crece con una fotografía aportada por Salazar, donde se la ve con Redrado y Rosenfeld tras una de las firmas del convenio. El economista sostiene que esa imagen no prueba la existencia de un contexto jurídico formal ni la presencia de un abogado de su parte.
El conflicto lleva años latente, pero esta presentación judicial revela que las tensiones nunca se apagaron del todo. Desde el entorno de la modelo aún no hubo respuesta oficial, aunque se espera alguna reacción pública.
En Salta y otras provincias del país, donde los debates sobre la responsabilidad afectiva y los acuerdos privados son cada vez más frecuentes, este caso vuelve a poner sobre la mesa los límites entre lo sentimental y lo legal, y cómo las decisiones tomadas en la intimidad pueden terminar en Tribunales.
Redrado busca desligarse completamente del acuerdo, mientras la Justicia deberá determinar si hubo o no una situación de presión o extorsión. Mientras tanto, el enfrentamiento entre dos figuras públicas sigue dando que hablar en medios y redes sociales.
