El Gobierno provincial dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información precisa y comprobable que permita dar con el paradero de Daniel Orlando Serapio, prófugo y señalado como presunto autor del femicidio de Natalia Marilin Cruz, ocurrido el 17 de febrero de 2026. La medida busca intensificar la búsqueda y sumar colaboración ciudadana para lograr su detención.
La decisión fue formalizada a través del decreto N° 126/26, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, en el que se establece el pago del monto a toda persona que, sin haber tenido participación en el hecho, brinde datos determinantes para ubicar al acusado. El ofrecimiento se enmarca en las acciones coordinadas con el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio Público Fiscal.
Desde el momento del crimen, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), que desplegó distintas medidas para intentar localizar al sospechoso. Sin embargo, hasta ahora no hubo resultados positivos y el hombre continúa prófugo, lo que profundizó la preocupación social en torno al caso.
El femicidio de Natalia Marilin Cruz generó una fuerte conmoción y renovó el reclamo de justicia frente a los hechos de violencia de género que siguen golpeando a la sociedad argentina. En ese contexto, la recompensa apunta a incentivar la colaboración de quienes puedan contar con información relevante, ya sea sobre movimientos recientes, posibles lugares donde podría estar oculto o personas que lo estarían asistiendo.
El decreto establece con claridad que el beneficio económico será otorgado únicamente a quien aporte datos “fidedignos, verificables y determinantes” para la localización del prófugo. No se trata de información general o rumores, sino de elementos concretos que permitan a la Justicia avanzar de manera efectiva en su captura.
Un punto central es la confidencialidad. Las autoridades garantizaron la reserva de identidad de quienes se presenten a declarar o acerquen información, ya sea de manera directa o a través de terceros ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente. Este aspecto busca brindar seguridad a posibles testigos y evitar cualquier tipo de represalia.
También se aclaró que no podrán acceder al cobro de la recompensa funcionarios públicos ni integrantes o exintegrantes de fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado. La medida apunta a asegurar transparencia en el proceso y a que la colaboración provenga de la ciudadanía en general.
En la Argentina, la figura de la recompensa económica ha sido utilizada en distintos casos de gravedad institucional o de alto impacto social, especialmente cuando se trata de prófugos acusados de delitos graves. En este caso, el monto ofrecido —10 millones de pesos— refleja la magnitud del hecho investigado y la necesidad urgente de dar con el paradero del acusado.
El femicidio, tipificado en el Código Penal como el homicidio agravado por mediar violencia de género, contempla la pena de prisión perpetua. La investigación preliminar sostiene que el crimen ocurrió el 17 de febrero y que, desde entonces, el sospechoso se sustrajo del accionar judicial. A partir de ese momento se activaron protocolos de búsqueda, se libraron pedidos de captura y se articularon operativos, aunque hasta el momento no se logró su detención.
Las autoridades insistieron en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave. Muchas veces, un movimiento detectado, un comentario escuchado o una ubicación aportada a tiempo pueden destrabar una investigación compleja. Por eso, remarcaron la importancia de que la comunidad se involucre y aporte información responsable.
Quienes puedan brindar datos deben comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o con los números habilitados por la fiscalía interviniente: 3874 43-0034 y 3874 07-6237. Allí se recepcionará la información y se activarán los mecanismos correspondientes para su verificación.
El caso vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia contra las mujeres en el país. Según registros oficiales y observatorios de género, los femicidios continúan siendo una de las expresiones más extremas de desigualdad y violencia, lo que obliga a redoblar esfuerzos en prevención, asistencia a víctimas y sanción a los responsables.
Mientras tanto, la prioridad está puesta en localizar a Daniel Orlando Serapio y ponerlo a disposición de la Justicia. La recompensa de 10 millones de pesos se presenta como una herramienta más dentro de un esquema que busca agotar todas las instancias posibles para esclarecer el crimen y avanzar hacia una respuesta judicial.
El mensaje oficial es claro: la búsqueda continúa y se utilizarán todos los recursos disponibles para que el acusado sea encontrado. La colaboración ciudadana, en este escenario, puede marcar la diferencia.
