El planteo no es nuevo, aunque sorprendió al ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y a intendentes del norte salteño este miércoles en Orán.
Allí, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, puso sobre la mesa una iniciativa que vuelve cada tanto al debate público: analizar la posibilidad de cultivar hoja de coca en Salta para abastecer el consumo tradicional y reducir la dependencia del ingreso ilegal desde Bolivia.
La propuesta surgió en una reunión convocada para abordar alternativas productivas en el departamento Orán, donde también se discutieron proyectos vinculados a la diversificación agrícola. En ese contexto, Zigarán planteó la necesidad de que el Ministerio de Producción, junto con el INTA, realice estudios técnicos sobre la viabilidad del cultivo en zonas de yungas como Isla de Cañas y Los Toldos.
Según explicó ayer en Radio Salta, las condiciones climáticas y geográficas de esos sectores son similares a las regiones productoras de Bolivia. En ese sentido, consideró que avanzar en experiencias piloto permitiría evaluar una eventual producción local destinada al coqueo.
El funcionario recalcó que el ingreso de coca por contrabando desde Bolivia siguió en pie incluso durante la pandemia del coronavirus. Además, advirtió que el consumo dejó de ser exclusivo del NOA. "Antes era Salta y Jujuy; hoy se ve en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba", indicó, al describir la expansión de la venta informal a lo largo de rutas nacionales.
Vacío legal
El debate sobre la producción local se cruza con una discusión jurídica de larga data. El juez federal de Salta, Julio Bavio, advirtió en reiteradas oportunidades sobre la falta de un marco normativo claro para el ingreso, transporte y comercialización de la hoja de coca en la Argentina.
Por ejemplo, en una exposición realizada en 2022 ante magistrados convocados por la Corte Suprema, el juez sostuvo que existe una "incoherencia grave" entre la práctica social extendida del coqueo y su tratamiento legal. Mientras el consumo forma parte de la tradición cultural del norte argentino, el ingreso de la hoja al país es considerado ilícito en la mayoría de los casos.
Bavio cuestionó además el uso de recursos judiciales para perseguir situaciones vinculadas al consumo personal. Citó casos de personas detenidas por pequeñas cantidades de hojas de coca que, según su criterio, deberían resolverse con sobreseimientos inmediatos y no con procesos penales prolongados.
El magistrado propuso abordar el tema desde la perspectiva constitucional, en particular a partir del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. En ese marco, consideró que la ausencia de regulación específica constituye una omisión del Estado frente a prácticas ancestrales.
También planteó la posibilidad de establecer mecanismos formales de importación con aranceles, lo que permitiría ordenar el mercado, reducir la ilegalidad y generar recursos fiscales, sin descuidar los controles para evitar desvíos hacia el narcotráfico.
Pérdidas millonarias
En ese escenario, Zigarán insistió en que la producción local podría ser una alternativa para canalizar una actividad que hoy se mueve en la informalidad. Estimó que entre Salta y Jujuy se movilizan alrededor de US$1.000 millones anuales en torno a la comercialización de hoja de coca.
"Este debate no debería limitarse por prejuicios o presiones externas, sino centrarse en resolver una problemática concreta".
"Quizás no ahorramos nada, pero al menos que esa plata quede en impuestos para la Argentina", planteó. Incluso, deslizó la posibilidad de que el Estado tenga participación directa en una eventual producción.
Argumentos técnicos indiscutibles
El juez federal de Salta, Julio Bavio, advierte sobre una incoherencia normativa: mientras el coqueo es una práctica cultural extendida y aceptada en el norte argentino, el ingreso de la hoja de coca al país es considerado ilícito. A su entender, este desfasaje refleja un vacío legal que debería analizarse a la luz del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, lo que obliga a contemplar estas prácticas dentro de un marco regulatorio.
El magistrado también señala las consecuencias del esquema actual: un uso ineficiente de recursos judiciales en la persecución de casos menores, el encarecimiento del producto por la ilegalidad y el fortalecimiento del contrabando.
