La imputación contra el exsecretario de Ambiente y Servicios Públicos municipal, Aroldo Tonini, no solo suma un nuevo nombre a la investigación por el robo de mercadería de los galpones municipales, también describe cuál habría sido su rol en los movimientos registrados durante los últimos meses de la gestión de Bettina Romero.
Según el decreto de imputación de la fiscalía, existen elementos suficientes para sostener que Tonini fue quien autorizó distintos retiros de mercadería entre octubre y diciembre de 2023, período en el que se habrían producido múltiples movimientos desde los depósitos municipales ubicados en el Parque Industrial.
La particularidad, según los investigadores, es que esos retiros no se realizaban a través del circuito habitual del depósito. Los permisos habrían sido otorgados a personas ajenas al funcionamiento del lugar que no registraban antecedentes de retiro de mercadería. Estás personas accedían a los galpones con autorizaciones otorgadas por el entonces funcionario
Otro de los puntos que remarca la imputación es que Tonini no tenía competencia directa sobre esos depósitos. Durante la gestión anterior, el exfuncionario se desempeñaba como secretario de Servicios Públicos y Ambiente, mientras que la administración de los galpones municipales y de los programas de asistencia social dependía de la Secretaría de Desarrollo Social.
Pese a ello, el decreto señala que el exsecretario habría intervenido en el circuito de autorizaciones para el retiro de insumos, tomando atribuciones que no correspondían a su área.
En la investigación también aparecen registros de la empresa Track SRL, encargada del sistema de control de movimientos en el predio. En esa documentación quedaron asentadas reiteradas ocasiones en las que personas allegadas a Tonini retiraron mercadería y distintos elementos consignados a su nombre.
Para los investigadores, esos registros permiten seguir el rastro de parte de los insumos que salieron de los galpones municipales durante los últimos meses de la gestión anterior. La hipótesis que se intenta confirmar es si esos movimientos formaron parte de un esquema de desvío de mercadería destinada a programas sociales.
La causa está caratulada como fraude a la administración pública, un delito que prevé penas de prisión de entre 2 y 6 años en caso de comprobarse responsabilidad penal. La imputación de Tonini se suma así a las ya dictadas contra otros exfuncionarios en el marco de la investigación conocida como “causa Fayón”.
