Desde este 4 de mayo de 2026 rige en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal de Salta, un cambio estructural que redefine el funcionamiento de la Justicia penal y consolida el sistema acusatorio y adversarial. La implementación se realiza de manera progresiva, con inicio en el Distrito Judicial del Centro y posterior extensión al interior provincial.
La puesta en marcha de la Ley N° 8.520 marca un punto de inflexión en el sistema judicial salteño, al modificar de forma profunda los roles dentro del proceso penal. A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal asume la conducción de la investigación y la acusación, mientras que los jueces quedan enfocados exclusivamente en la resolución de los casos, con el objetivo de garantizar mayor imparcialidad y celeridad.
El nuevo esquema se apoya en principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación y simplicidad, lo que implica una dinámica más ágil y transparente en el desarrollo de las causas. Las audiencias orales y grabadas pasan a ser una pieza central del proceso, reduciendo tiempos y promoviendo mayor control ciudadano sobre la actividad judicial.
Entre los principales cambios se destacan la incorporación de plazos más estrictos según la complejidad de cada expediente, la implementación de herramientas modernas de investigación penal y la posibilidad de acuerdos de colaboración en determinadas causas. También se crea la Oficina Judicial, destinada a ordenar la gestión administrativa y liberar a los jueces de tareas burocráticas.
En paralelo, la provincia avanza en la digitalización del sistema con una plataforma tecnológica unificada que permite la interacción entre fiscales, defensores y magistrados. La denominada Carpeta Judicial Digital reemplaza progresivamente el uso del expediente en papel, junto con el registro audiovisual obligatorio de audiencias, lo que consolida un esquema más ágil, accesible y despapelizado.
Otro de los puntos relevantes del nuevo Código es la reorganización del sistema de apelaciones, que incorpora mecanismos más directos para la revisión de decisiones judiciales, con el objetivo de evitar demoras innecesarias en los procesos.
Con estas modificaciones, el sistema penal de Salta inicia una etapa orientada a la eficiencia, la transparencia y la modernización tecnológica, en línea con reformas judiciales que buscan acercar la Justicia a la ciudadanía y dar respuestas más rápidas frente a los conflictos penales en la provincia.
