El abogado Santiago Pedroza apeló la suspensión preventiva de su matrícula profesional dispuesta por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. La medida continuará vigente mientras se analiza el recurso presentado.
Pedroza, imputado en una investigación penal por presuntas maniobras de estafa relacionadas con la venta de terrenos en San Lorenzo, presentó una apelación contra la resolución que estableció la suspensión de su ejercicio profesional por seis meses.
El recurso fue concedido con efecto devolutivo, por lo que no deja sin efecto la decisión del Tribunal de Ética. De esta manera, el abogado permanecerá suspendido hasta que el órgano judicial correspondiente revise el planteo.
Desde el Colegio de Abogados explicaron que la suspensión tiene carácter preventivo y no representa una condena ni una definición sobre la responsabilidad penal del profesional. La medida fue tomada a partir de la situación procesal de Pedroza y mientras avanza la causa que investiga la presunta comercialización irregular de lotes en condiciones inhabitables e inundables.
El Tribunal de Ética inició su intervención luego de un pedido del Consejo Directivo del Colegio para evaluar si correspondía aplicar una suspensión provisoria frente al avance de la investigación judicial.
La resolución se basó en el artículo 115 de la Ley 5412, que regula el ejercicio de la abogacía en Salta y contempla la posibilidad de suspender preventivamente una matrícula cuando las circunstancias del caso indiquen que resulta inconveniente que el profesional continúe ejerciendo.
Según el análisis realizado por el Tribunal, la situación procesal del abogado justificaba la aplicación de esa medida cautelar. Para ello se tuvieron en cuenta los informes incorporados desde la unidad fiscal que interviene en la investigación.
El presidente del Tribunal de Ética, Bernardo Solá, aclaró que el organismo no interviene en la determinación de la culpabilidad o inocencia de Pedroza, ya que esa evaluación corresponde exclusivamente a la Justicia penal.
Además, señaló que el procedimiento disciplinario y la causa judicial son procesos independientes. Mientras la Justicia investiga los hechos denunciados, el Colegio analiza si corresponde que el profesional continúe ejerciendo la abogacía durante el desarrollo de la investigación.
Uno de los puntos considerados por el Tribunal fue la adaptación del artículo 115 al actual sistema procesal penal salteño. La norma fue redactada cuando existía la figura del auto de procesamiento, una instancia que dejó de utilizarse con el sistema acusatorio vigente.
Ante ese cambio, el Tribunal interpretó que la imputación formal y otras medidas judiciales actuales cumplen una función equivalente para evaluar la procedencia de una suspensión preventiva.
Con la apelación presentada por Pedroza, ahora será el Juzgado Contencioso Administrativo el encargado de revisar la decisión. En caso de avanzar el proceso, la cuestión podría llegar hasta la Corte de Justicia de Salta.
Mientras tanto, la suspensión de la matrícula profesional continúa activa y el abogado no puede ejercer en el territorio provincial hasta que exista una resolución sobre su recurso.
