El Ministerio de Justicia avanzará en las próximas horas con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de aceptar el pedido formal presentado por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. La medida contempla el nombramiento de dos abogados y un contador, quienes tendrán la tarea de relevar documentación clave y verificar información financiera que, según el organismo de control, no fue presentada en tiempo y forma.
Desde el Gobierno nacional remarcan que se trata de una veeduría y no de una intervención. Es decir, las autoridades actuales no serán desplazadas ni se modificará la conducción de la entidad que preside Claudio Tapia. El objetivo, aseguran, es garantizar el acceso a documentación respaldatoria para esclarecer movimientos económicos y estados contables bajo observación.
El pedido original fue impulsado por la IGJ mediante una resolución firmada por su titular, Daniel Roque Vítolo, tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades”. Entre los puntos centrales figura la falta de presentación completa del balance cerrado al 30 de junio de 2025. El organismo sostiene que la documentación fue entregada de manera parcial y que persisten inconsistencias en los datos vinculados a ingresos y egresos del último ejercicio.
En ese contexto, los veedores deberán acceder a los estados contables completos, revisar libros societarios y analizar la estructura financiera general de la AFA. También tendrán la misión de reconstruir el flujo de fondos y verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, en un escenario que suma tensión institucional dentro del fútbol argentino.
Uno de los ejes más sensibles de la auditoría será el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). La IGJ puso la lupa sobre la adquisición de inmuebles, la compra de equipamiento, la designación de autoridades académicas y los convenios firmados con terceros. El objetivo es determinar si esos pasos se ajustaron a las disposiciones legales y si los recursos utilizados fueron correctamente registrados en los balances.
La revisión también alcanzará los vínculos comerciales con empresas relacionadas con la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras. En particular, se analizarán movimientos asociados a la firma TourProdEnter y otras sociedades vinculadas al negocio del fútbol profesional. El foco estará puesto en eventuales transferencias al exterior y en la trazabilidad de los fondos generados por contratos de televisación y marketing.
Otro punto que generó controversia fue el intento de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires. La IGJ rechazó ese trámite al constatar que la sede declarada no funcionaba como centro efectivo de administración. Según el organismo, la entidad mantiene su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, continúa bajo su órbita de fiscalización.
Desde la conducción de la AFA sostienen que los estados contables fueron aprobados por asamblea y que la institución se encuentra al día con sus obligaciones impositivas. En ese marco, no descartan recurrir a la Justicia una vez que la resolución de la veeduría quede formalmente publicada. La discusión, advierten puertas adentro, gira en torno a los alcances de las facultades de control del Estado sobre asociaciones civiles deportivas.
En el oficialismo, en cambio, insisten en que la decisión se enmarca en las atribuciones previstas por la ley para garantizar la transparencia de las personas jurídicas. Subrayan que no implica sanción alguna ni desplazamiento de autoridades, sino un mecanismo de supervisión para acceder a información considerada indispensable.
El trasfondo político tampoco pasa inadvertido. En paralelo a la medida administrativa, avanzan investigaciones judiciales que involucran a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y al propio Tapia, en el marco de una causa por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La situación derivó en anuncios de posibles medidas de fuerza dentro del fútbol argentino, lo que elevó la tensión entre la dirigencia deportiva y el Gobierno.
En la Casa Rosada analizan el impacto público de ese escenario y miden el respaldo que conserva la actual conducción dentro del ecosistema futbolero. En los últimos meses, admiten, hubo conversaciones informales con distintos actores del ambiente, incluidos referentes del seleccionado nacional, en un contexto atravesado por el debate sobre el modelo de gestión de los clubes.
En ese punto aparece la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un esquema que el oficialismo impulsa como alternativa al formato tradicional de asociaciones civiles sin fines de lucro. La resistencia de la AFA a esa iniciativa profundizó diferencias políticas que ahora conviven con la auditoría contable.
Más allá de las disputas, la designación de veedores abre una nueva etapa institucional. El procedimiento implica que los profesionales designados podrán asistir a reuniones, solicitar documentación y emitir informes sobre la situación económica y administrativa de la entidad. No tienen facultades de gestión, pero sí capacidad para reportar irregularidades o incumplimientos ante la autoridad competente.
Para el fútbol argentino, la medida marca un momento clave. La AFA administra competencias de alcance nacional, contratos millonarios por derechos de televisación y acuerdos comerciales que impactan en clubes de todo el país. Por eso, cualquier cuestionamiento sobre la transparencia de sus cuentas genera repercusiones que trascienden lo estrictamente deportivo.
En los próximos días se conocerán los nombres de los profesionales elegidos para llevar adelante la veeduría. A partir de entonces comenzará un proceso de revisión que podría extenderse durante varios meses, dependiendo del volumen de documentación y la complejidad de los movimientos analizados.
Mientras tanto, el mensaje oficial apunta a diferenciar control de intervención. La conducción de la AFA seguirá en funciones, pero bajo la mirada de especialistas que deberán determinar si hubo irregularidades en la administración de recursos y en la presentación de balances. El resultado de esa tarea podría derivar en nuevas acciones administrativas o judiciales, en un escenario que mantiene en vilo al fútbol argentino y suma un capítulo más a la pulseada entre la dirigencia deportiva y el poder político.
